jueves 26 de agosto de 2010

K y Clarín sobre Papel Prensa: la ideología del poder y el poder de la ideología



Es significativo que a pesar de la importancia de los intereses y las ideas en esta lucha por el papel y la prensa en la Argentina, sea la lucha misma el centro de atención. Los intereses, tanto de los K como de Clarín, también dependen de las ideas: hay más de una forma de hacer negocios o de tener poder, y las posibilidades cambian de acuerdo a los modelos económicos y políticos. Los intereses posibles cambian junto con la sociedad. Y la realización de estos afecta a su vez a la sociedad.* O sea: hay intereses en las ideologías, y no sólo porque hay gente que desea cambiar a su mejor gusto la sociedad que lo rodea, también porque, si no se tiene un poder absoluto, las propias fuentes de ingreso o de influencia social dependen de la forma de esa sociedad y de la posición que se tiene en ella (dueño de tal empresa y no de otra, ocupante de tal puesto sindical o político y no de otro, etc.). Es por esto que en los proyectos ideológicos, en los llamados “proyectos de país”, se juega todo.

Cristina K dijo anteayer algo importante que nadie notó. Refiriéndose a los sectores empresariales del ámbito industrial o “productivo” subrayó que “es mentira” que todos “los que tienen poder económico” son los que “más tienen poder en la Argentina”, refiriéndose al mayor poder de los medios de comunicación. Mencionó cómo importantes empresarios verían mancillado su prestigio comercial por parte de operaciones de prensa realizadas en su contra, perdiendo el fruto de todo su esfuerzo. La significación de sus palabras es enorme, ya que implica una increíble contradicción interna con la política comunicacional de su gobierno, así como de la intelectualidad de la izquierda contemporánea en general con la cual sostiene una relación más que fecunda, de atacar empresas y empresarios en particular, dirigiéndose directamente, como un marketing al revés, contra sus marcas, o sea, contra sus identidades públicas. Pero esta contradicción no es lo más importante. Lo más importante es la contradicción interna que esto representa para el andamiaje ideológico de la doctrina que sostiene, inspira y da justificación a este gobierno, ya que ha colocado en el papel de potenciales víctimas a las sociedades anónimas, o sea, a esas células de “poder económico” que eran frecuente blanco de su ataque por el solo hecho de existir, que eran per se “los malos de la película”, y ha convertido en potenciales victimarios a sus enemigos por el solo uso de la palabra, los cuales, además, pueden así detentar un mayor “poder”, que se ha vuelto ahora casi per se la personificación del mal. Y esos enemigos de los capitalistas, esos medios de comunicación ¿acaso no pueden ser tanto privados como públicos? ¡Pueden ser sus propios medios! No sólo eso: ha puesto en primer lugar el buen nombre de una empresa capitalista en función de la libertad de empresa… por sobre la libertad de prensa. Esto no es necesariamente malo: no es ahora la cuestión a discutir (si la libertad de prensa puede ser bien entendida si se la considera como libertad de empresa a su vez, etc.). Tampoco la cuestión de la cautela al agredir a un capitalista: es bastante gracioso un discurso que argumenta que los intereses de una empresa privada tienen derecho a la defensa, viniendo de un gobierno que ha hecho suya una retórica populista de izquierda, lindante a la vez con la apologética capitalista y con el clasismo obrero (o sea, seamos honestos: una retórica fascista) por la cual el derecho del empresario al capital amasado con su propio esfuerzo vale poco menos que nada si se puede exprimir de él todo lo posible -sin destruirlo- en beneficio a corto plazo de los trabajadores, las “masas populares”. Cristina incluso criticó el manejo del Grupo Clarín sobre Papel Prensa (no el monopolio en sí mismo, sin embargo) en nombre de “defender la seguridad jurídica y las reglas del libre comercio y la libre competitividad en serio”, reglas para que puedan ser “gozadas por todos los empresarios editoriales y no editoriales de la República Argentina”, y todo esto al mismo tiempo que en flagrante contradicción criticó como “tic golpista” a quienes argumentaban (contra Graiver) que el monopolio de Papel Prensa había servido como censura política a ciertos medios. Por no hablar de que su retórica librecambista tiene poco en común con su pseudo-neokeynesianismo; reconoció además que grandes banqueros y empresarios fueron secuestrados y desaparecidos por un gobierno militar cuyo “modelo neoliberal” supuestamente estaba creado en función del sometimiento al poder económico; defendió el carácter “más nacional” -y parece por eso “más popular”- de la política económica del gobierno militar tradicionalista y católico (anti-liberal pero también anti-peronista) de Onganía y Lanusse, con lo cual reconoce como mejores para los intereses de Argentina las políticas de un gobierno militar que las del gobierno democrático derrocado por aquel: otra contradicción con la retórica demócrata-populista acerca de los intereses de las minorías en el poder como intrínsecamente contrarios a esos cuasi homogéneos intereses del resto de la población supuestamente bien expresados en las urnas.



Lo importante, insisto, no es esto, sino la contradicción en la estructura lógica interna de la doctrina que los Kirchner han tomado más o menos eclécticamente como bandera, y que significa un talón de Aquiles comunicacional muy importante para un gobierno que abandonó el pragmatismo en nombre de la legitimación ideológica. Un error, paradójicamente, cometido en nombre del pragmatismo; pero un error, en cualquier caso, necesario para poder justificar y legitimar su actual campaña por el control de Papel Prensa. No fue un error que pudieran haber evitado: es una retórica que deben utilizar para no asustar a la burguesía nacional protegida -o incluso generada- por la política neomercantilista ejecutada desde 2001, y cuya existencia competitiva en el mercado internacional depende cada día más del encarecimiento artificial de bienes importables y del abaratamiento de los bienes exportables, proceso sin futuro que no puede continuar con balanza comercial en equilibrio sin un encarecimiento progresivo de las divisas y de los costos de la reposición del capital. La idea misma de “capitalismo nacional” como forma de soberanía popular es una burla para los socialistas, y como forma de libre competencia es un oxímoron para los liberales.

Últimamente me he desinteresado no sólo de la política nacional de coyuntura, sino también de muchos aspectos de la política en general, nacional o internacional. Que ahora esté escribiendo este pequeño artículo no tiene otra motivación que hacer un humilde aporte a pensar la cuestión en forma general, a sacar una conclusión teórica de validez, que no sólo explique el poder social de la ideología que utiliza el grupo K (el populismo estatista), sino que explique ciertos pilares básicos que hacen a su funcionamiento interno, la coherencia estructural que la hace verdadera a los ojos de todo aquel que no vea la falacia lógica de la incorporación de ciertas premisas que en realidad sólo se derivarían de la conclusión.**

Muchos opositores, en particular liberales, explican la ideología de los K como una racionalización funcional a los intereses de los K. Creo que esto es un error que han copiado de los marxistas, y sigue siendo un error aunque este fuera el caso. Afirmar que los K inventan un argumento en el que no creen, para influenciar a un público a favor de su poder, es algo muy distinto, y no es el concepto que el marxismo tiene de ideología. Más allá de si utilizan la verdad y/o la mentira como medio para su poder, lo que debe importarnos es que su verdadera idea sobre lo que es verdadero determina sus actos y estos afectan la forma del poder y por tanto la forma en la que dependen del mismo (y en este sentido el pensamiento weberiano supera aquella interpretación funcionalista de la ideología, acercándola a la concepción clásica). En todo caso, sus creencias internas determinan sus elecciones dentro de los límites que la realidad -física y social- les ofrece: de elegir interesarse por un poder u otro, por abandonarlo, por un tipo de riqueza u otro, por la elección de ciertas fuentes de ingreso así como por el uso de esos ingresos, y por ende, por el intento de moldear el mundo que les rodea, en el que vivirán y en el que usarán esos ingresos materiales de acuerdo a sus propios fines personales y psicológicos, y más allá todavía, ya que así como el interés en el dinero implica un interés en cómo se va a usar, o sea, para conseguir qué bienes, que a su vez dependen de las condiciones económicas donde se utiliza y en el mundo en el que se quieren disfrutar, así también el interés en el poder implica un interés en cómo se va a usar, o sea, para conseguir el dominio de qué acontecimientos, que a su vez depende las condiciones políticas donde se impone. Las esferas económicas y políticas están delimitadas por la sociedad, y toda cosmovisión que aspire a lograr algo en dichas esferas requiere conocerla correctamente, tanto sea para adaptarse a ella o para cambiarla (cambio que será sólo dentro del marco de lo posible, o sea, de lo internamente sustentable). El caso es que no hay meros intereses vacíos detrás de las ideas públicas de los K (ni de nadie), ya que los K tienen, como cualquier otro grupo, una visión de la realidad “escondida” detrás de la visión que dicen tener de la realidad, y es de esta cosmovisión personal de la que dependen todos sus intereses, y más todavía, la realización de los mismos. Y para esto su cosmovisión debe ser todo lo verdadera que sea posible. A nadie le conviene autoengañarse (y esto es así, como bien dice Mises, muy a pesar de la crítica marxista a las supuestas “mentalidades de clase”: las clases, para Marx, se beneficiarían autoengañándose con la creencia -supuestamente falsa- de su carácter de universalidad, así como de la necesidad y posibilidad de su perpetuación histórica. Frente a esta explicación marxista del motivo por el cual la intelectualidad burguesa rechaza la inevitabilidad de un conflicto sin salida, Mises replica que, salvo por el estado de complacencia, tal inconsciencia de esa supuesta situación de conflicto -y de su progresivo agravamiento- no ofrece ningún beneficio, muy por el contrario).

Tendemos a pensar que los gobernantes no creen en lo que dicen por el solo hecho de que actúan para beneficiarse, pero nunca nos imaginamos que incluso de ser egoístas pueden creer que su beneficio es, si bien tal vez no justificable en su marco de creencias, al menos al mismo tiempo compatible con un beneficio externo justificable de la misma forma (beneficio externo que puede no ser necesariamente de personas o “de todos”, sino de un proyecto político, de un modelo de sociedad, de las ideas que se tengan de una religión, o de una cultura, etc., o sea, de cosas que implican y afectan a personas en una relación que no tiene que ser de perjuicio por subordinación directa a los gobernantes como individuos privados, pero que sin embargo pueden ser parte del mero placer personal de los gobernantes de ver el mundo como se desea que sea) ¿Son entonces los intereses K egoístas o altruistas? Como se ve, saber la cantidad de egoísmo y altruismo no es información suficiente para explicar la forma de actuar del poder, y a la vez su forma de actuar no explica cuan egoístas o altruistas son sus actos, ya que motivos altruistas pueden ser invasivos y perjudiciales para los medios y fines de otros, y motivos egoístas pueden ser limitados y hasta beneficiosos para los medios y fines de otros. Sé que esta larga digresión que ahora hago parece injustificada. No lo es. Y los Kirchner, que a pesar de haberse sumergido en la cuestión en forma errónea, maniquea y hasta hipócrita, han dado cuenta de la importancia de estas disquisiciones, y lo saben por haber conocido las implicancias de las ideas sobre todas las esferas de la vida, aunque sea tan solo como repercusión no deseada de haberse sumergido, casi durante todo el tiempo de su paso por este mundo, en el barro de la ideología que hizo posible su militancia política.
La conclusión a la que se puede llegar apelando a ese mundo de ideas y principios que ellos dicen defender es que: sus difundidas ideas y principios (si es que son tantos), que fallan en su concreción porque están teóricamente mal concebidos, pueden ser tal vez sus genuinas intenciones, pero en cualquier caso son compatibles con intereses egoístas a nivel personal. Incluso de probarse que han aumentado casi exponencialmente sus fortunas estando en el poder, esto no descartaría que realmente estén interesados en la concreción de su proyecto social y económico. Es casi imposible, salvo en países muy pobres, que se pueda disfrutar de tantos bienes de uso privado como para que un estadista, con sólo ese egoísmo limitado, necesite tantas expropiaciones como para afectar la economía de una nación. Un líder corrupto puede, por tanto, tener su propio sueño ideológico no meramente reducible a su deseo de poder. Sin embargo, este deseo altruista puede ser igualmente perjudicial para los demás. Porque no hay en este hecho relación directa con las motivaciones egoístas a nivel personal, es que terribles dictadores -y pésimos presidentes- muchas veces han sido austeros en su vida privada, y viceversa: ha habido buenos presidentes de democracias con elecciones libres -e incluso dictadores más o menos benévolos- que a pesar de ser beneficiosos para sus países han sido corruptos en función del interés privado de sus arcas personales.
Un proyecto político equivocado rara vez suele ser el resultado, en sus peores errores, del egoísmo o altruísmo respecto de la vida privada de los dirigentes, sino de la actitud de estos respecto al mundo del que son parte en su ámbito público. Un plan doctrinario, por el hecho de ser concebido con cierta dosis de odio por sectores sociales, puede convertirse fácilmente en una política de Estado diariamente destructiva basada institucionalmente en ese mismo odio, y puede dirigirse, más allá de su control, como agresión política a los participantes ciudadanos del proyecto por entero. No sólo eso. Así como podemos considerar la posibilidad de un altruismo perverso y deformado de los políticos a nivel público, tampoco debe ser descartado un egoísmo a nivel público: desear un modelo de sociedad a piacere puede ser también un motivo egoísta. De tinte nietzscheano pero egoísmo al fin. Y, sea como sea, es bastante difícil esperar algo bueno de un utopista caprichoso o sádico. Todos los megalómanos del mundo son la prueba.

No podemos, pues, dar cuenta de cuál será la verdadera forma de pensar de los K, ni cuánto de esta coincide con el discurso que hacen público. Lo cierto es que si un gobernante tiene una actitud ideológica de dos caras, aquella cara que es pública será la que articulará la organización política que lo sostiene -y esto es necesidad en una sociedad de masas-, y será esa ideología la que terminará poniendo los límites de lo posible en los proyectos políticos determinados por sus verdaderos intereses ideológicos. Y ya con eso tenemos más que razón suficiente para estudiar la ideología que esgrimen como propia, ya que será ésta y no otra la que definirá los límites a largo plazo de sus actos, tanto en la relación con los ideales políticos de sus militantes y sus votantes, como en la relación con el papel (sus medios de vida y sus puestos en la sociedad) que esperan tener dada la concreción de esos ideales, por no hablar del papel que tendrán los grupos e individuos que se verán afectados por la realización de su “modelo” ideológico, y que no comparten necesariamente un interés en éste como un todo.

Para empezar debemos entender cuál es la médula que justifica la existencia del “proyecto K”, y por tanto que justifica -y qué justifica- ese poder sostenido principalmente en el fin de su realización. O sea: cuál es la visión que enarbolan de la naturaleza del poder, y del rol de su propio poder. Como dije antes, es esta ideología la que determinará en gran medida tanto la búsqueda de poder y el tipo de poder buscado, como qué se hará con ese poder una vez obtenido. Para volver a nuestra situación de coyuntura: saber por qué dicen querer actuar sobre Papel Prensa y, de obtener el control que desean, cuál será el “por qué” que difundirán a través de este factor de poder comunicacional y que influirá a su vez culturalmente en la realización de la sociedad que desean (lo que no es lo mismo que decir que su realización llevará a los objetivos que dicen perseguir o realmente persiguen).

Vayamos entonces al caso concreto de la guerra por Papel Prensa, hagamos un breve repaso histórico, y después vayamos de lleno a la ideología kirchnerista que nos llevó hasta aquí en forma consecuente:
¿Tuvo Moreno cierta “razón” cuando dijo “Usted es un tarado. El dueño de esto es el Poder Ejecutivo”? Si bien el gobierno no tiene la mayoría accionaria ¿no fue el Estado el que otorgó hace mucho (a puertas cerradas) el resto del poder accionario a Clarín, a cambio de ofrecerle el monopolio de emisión a Papel Prensa? ¿No fue así desde hace mucho tiempo: desde antes del gobierno de facto del 76, un banquero de los montoneros y aun antes con una táctica que tuvo inicio con el gobierno de Perón?
¿Qué le pasó al diario liberal-conservador La Prensa por oponerse al monopolio comunicativo de Alfonsín? Y convengamos que fue el único verdadero opositor. Al final estalló la híper, el desastre de los servicios públicos y las estafas del gobierno radical, y aquello pasó a la historia porque sino el público habría dejado sencillamente de comprar diarios.
En la época menemista ¿no se privatizó con privilegios y, en el tema medios, con privilegios muy específicos a ciertos medios? No escuché ni a los Kirchner (los “peronistas disidentes” que sin embargo aplaudían a Menem) ni tampoco escuché al resto de los representantes de esa hegemonía cultural e ideológica de periodistas de centroizquierda quejarse sobre el Grupo Clarín y mucho menos sobre Papel Prensa (Página/12 nunca se quejó). ¿Habrá sido porque la privatización de medios quitó poder coactivo al establishment mediático de izquierda pero le aseguró que nadie los tocaría ya que tenían la garantía de los títulos de propiedad, cosa que en la ley de la selva del Estado sólo se mantienen con el favor del poder de turno? Esa hegemonía gramsciana se conservó durante las privatizaciones de canales de televisión, y con estas se legitimó. Tampoco se puede decir que Menem los habría censurado si hubieran seguido en el Estado, ya que Canal 7 gozó de una libertad de la que no gozó durante las administraciones de Duhalde y Kirchner, en las cuales se volvió un apéndice ideológico de las políticas neo-mercantilistas y del ideario populista de izquierda. Durante los años 90 la elite periodística de centroizquierda significó un baluarte a futuro para toda la clase política ya que implantó a fuego en el subconsciente colectivo esas ideas socializantes que hacen posible la instalación de burocracias de cualquier tipo en cualquier lugar. Si no fuera por esa propaganda durante los 90 los K habrían sido imposibles y la gente hubiera buscado la solución al pseudo-liberalismo de Cavallo, en la liberalización de López Murphy en vez de en la devaluación que luego encabezaría Duhalde, ni tampoco habría elegido a un ex colaborador montonero como Kirchner por oposición a Menem en una segunda vuelta (segunda vuelta que, cabe reconocer, habría sido distinta si Menem no hubiera ocupado el puesto principal de liberal que debió tener López Murphy). Durante los 90 Clarín fue, junto con La Nación y Página/12, furiosamente anti-menemista, como casi toda la televisión de la época (denuncias sistemáticas de corrupción, telenovelas incluidas con privatizadores malos y corruptos, noticieros con conductores que se entristecían cuando el resultado de las elecciones favorecía al PJ de Menem, y un largo etcétera). Pero desde Duhalde en adelante -y ni hablemos Kirchner- Papel Prensa volvió a ser utilizada contra la libertad de prensa. Y Clarín siguió siendo parte de esto. La primera víctima relevante fue Lanata. De aquí y allá nos enterábamos algo de lo que pasaba en el sur gracias a periódicos y canales chicos de otras provincias, que Lanata defendía como el último bastión de la libertad de prensa. ¿Alguno de los medios del Grupo Clarín hablaba en contra de los K? ¿Alguno de los K hablaba contra el Grupo Clarín? No. Cuando fue el divorcio entre Clarín y los K, ahí el interés mutuo también se quebró. Pero mientras duró, y aun ahora, la complicidad entre Clarín y los K no cesa. Lanata comenta frecuentemente cómo su diario tuvo que importar muy caro papel del exterior, porque Papel Prensa, supuestamente un simple negocio -que debería tener más intereses económicos que políticos-, no se los vendía.



En rigor, Clarín colocó a los Kirchner en el poder. O al menos ayudó muchísimo en ese proceso. Antes de preguntarnos por qué intereses están estos dos sectores ahora en conflicto, cabe preguntarse por qué intereses estuvieron tanto tiempo de acuerdo. Porque eso sucedió, y es increíble que puedan sugestionar a un país para intentar olvidarlo. O tal vez lo olvidó solo, en cuyo caso casi nadie parece siquiera intentar recordarlo. Conteste lo que se conteste de por qué se mantuvo esa alianza, la respuesta tiene implicancias negativas para el discurso de las dos partes en cuestiones relativas a los principios fundamentales que dicen defender.
Ahora los K entraron mediante Moreno a Papel Prensa, supongo mandando un mensaje a Magnetto y cia. (larga compañía) del tipo: “miren que en esta caemos juntos”. Inmediatamente aparecieron con esta operación de prensa K, con Cristina dando un discurso “revelador” mediante la cadena oficial.
Ya no quieren expropiar Papel Prensa para censurar a todos los medios porque no tiene caso al menos hasta no deshacerse del gigante de Clarín, al que por ahora quieren reemplazar con otro gigante de medios K que intentan construir con la “ley de medios”. Como ven que eso seguramente no va a tener éxito, quieren pegar bajo y sólo a Clarín.
Pero para mí, insisto, hay que ver la causa histórica de esto. ¿No fue gracias a Papel Prensa que el Grupo Clarín comenzó a tener poder político? Y no hablo de comprar un favor político para una protección mercantilista vulgar a base de subsidios, “protecciones”, derechos monopólicos, etc. que no habría cambiado su carácter de empresa capitalista. ¿No fue la tajada de poder político de Clarín para algo más que proteger su diario? ¿No se volvió parte en la decisión ideológica de las políticas nacionales; políticas que una vez cambiadas por ellos mismos afectan a la sociedad entera y cambian los intereses a corto plazo de Clarín? ¿No se convirtió Clarín en una suerte de partido político hegemónico escondido, cuyos dirigentes ya no dependían totalmente de sus fuentes de ingreso, y por tanto pudieron darse el lujo de tener intereses directos en la realización a gusto de un proyecto político? Ya no hay que ser un burgués gobernado por el mercado que “compite para vender la soga con la que lo pueden ahorcar”: un burócrata decide si “se puede hacer soga” y hasta “para qué se usa”. Para los socios más altos esto significó movimiento y cambio de sus intereses a corto plazo: pueden tener poder y crear negocios donde no es negocio, robar si es necesario, adoptar cargos creados por ellos mismos… todo cambiando la sociedad con la fuerza del Estado. Cabe aclarar que este lujo socialista se paga caro porque también convierte al interesado en político, a los derechos de propiedad en pujas de fuerza, y se termina poniendo recursos en intereses colectivos donde mañana ninguna ley asegura la sobrevivencia, como ahora le está pasando a Clarín con los K. Un ejemplo extremo de este problema se puede tomar del colectivismo: si mañana en Cuba una facción del PC derroca a Raúl Castro, éste se queda en la calle a menos que tenga algo a su nombre en un banco suizo.
En resumen, si el Grupo Clarín tuviera el poder total ya no dependería más de ingresos que no controla, o sea: no necesitaría ser una empresa privada y sus miembros probablemente serían parte en la construcción de un futuro Partido Único de la República Nacional Popular Socialista Sanmartiniana de Argentina (e imagino que ganas nunca le faltaron). Porque siempre la línea editorial del Grupo Clarín jugó alrededor del estatismo, es que sus periodistas aun ahora comparten los mismos prejuicios ideológicos que el gobierno al cual se oponen. Tanto es así que Felipe Pigna, el historiador de secundaria que reescribe la historia para los K en versión peronista de izquierda, escribe sus artículos en la Revista Viva de cada domingo del Grupo Clarín, por no hablar del resto de los actuales u otrora medios del Grupo, y de uno en particular que comparte a más de la mitad de sus periodistas: Página/12… el diario oficial de este gobierno.
¿No es cierto que a cambio de esta histórica participación en el poder político, el Grupo Clarín ofrece (o mejor dicho ofrecía) el apoyo cultural a los programas de la clase política de turno: militares, radicales, peronistas? ¿Y no es cierto que puede (¿podía?) proveer fácilmente esa ingeniería cultural porque le dieron el monopolio comunicacional que en una sociedad moderna de masas con “mentes de goma” hace posible el control ideológico de todo un país? No será tan extremo como el de la Rusia de Stalin, la Alemania de Hitler o la Argentina de Perón, pero es igual un método bastante efectivo: Clarín se adapta (adaptaba) patrocinando los programas de cada gobierno, a cambio de que el gobierno se adapte (adaptara) un poco a las políticas que sean (fueran) de gusto de los dueños del Grupo.



Ahora el monstruo está partido en dos, y el alimento se lo disputan las dos partes: Clarín (que se puede llamar popular porque lo es: su público es mayoría y lo elige cada día) y el gobierno de turno (que se puede llamar popular porque lo es: el público lo votó para gobernarnos durante otro período de cuatro años). Ninguno de los dos es del pueblo, y nada cambiaría si pudiera serlo. Gracias a la teoría de la legitimidad del pueblo como un entero que sólo puede expresarse como masa o con un Estado, sucede lo siguiente. El Grupo Clarín legitima que sus medios sean suyos en un enorme monopolio artificial porque lo elige la opinión pública que él mismo creó, o sea, en nombre del pueblo que de hecho lo lee y aprueba; mientras tanto los K gracias a la legitimidad que le dio el pueblo al Estado gracias a la democracia política pueden, mientras vivan estatizando, decir que ellos son la encarnación de los intereses e incluso de la voluntad de ciertas clases consideradas como populares, aunque ya no le crean ni los que lo votaron; y perseguir a los que se oponen como enemigos del pueblo. Paradójicamente los K dicen representar la opinión pública que ellos mismos acusan de estar controlada por el Grupo Clarín. Que tamaña contradicción sea pasada por alto habla mal de la lucidez de todo un país.

Clarín dice: “somos democráticos porque nos pueden elegir todos los días y cualquiera puede disentir”, lo que es cierto pero no les da la razón; y los K dicen: “somos democráticos porque podemos ejercer el poder del pueblo contra los poderes de otros grupos”, lo que es cierto pero eso no hace que su poder tenga popularidad.
Unos pueden decir “somos privados pero buenos porque somos los únicos que podemos confirmar ser populares” y los otros pueden decir “somos populares y buenos porque somos los únicos que podemos ser públicos”.
A ambos lo sostiene una mitad de la ideología democrática.
La mitad que usa Clarín es la premisa populista de que “lo popular es lo que da la razón a los particulares” …o sea: es cierto que sólo puede ser elegido diariamente un periódico y eso es lo más democrático, pero no es cierto que alguien deja de tener razón cuando pierde público, ni que sus intereses sean compatibles con los del resto de las personas que integran el pueblo, ni siquiera compatible con el interés de la organización social en el que éste se encuentra inserto.
La mitad que usan los K es la premisa estatista de que “el poder público es el popular contra todos los otros poderes privados” …o sea: es cierto que sólo un gobierno puede ejercer democráticamente el poder, pero eso no significa que un gobierno deja de ser democrático “en favor de los poderes privados” si disminuye su poder sobre los ciudadanos, como si porque por el solo hecho de que un individuo se encuentre “menos” gobernado por el gobierno surja como contracara que éste sea “más” gobernado por “los privados”.
Los K dicen: “nosotros” somos los únicos que pueden ser democráticos, porque si le damos más poder al gobierno (que es del pueblo como un todo, o que al menos puede ser del pueblo como un todo) se lo quitamos a los que tienen un poder privado (que seguro no es del pueblo aunque sea por la sola razón, dicen, de ser desigual, pero que, curiosamente, de existir, sería la única forma real de poder para un pueblo formado por propietarios privados sin espacio público común -salvo el Estado que les es ajeno-).
La refutación a esta doctrina no es otra que la que puede esbozarse leyendo mis ensayos sobre el tópico, y para este caso podría dividirse en tres partes más o menos esenciales:
  1. Aun cuando fuera antidemocrática la disminución del poder del gobierno (por el supuesto aumento del “poder de los privados”) eso no asegura que el aumento del poder del gobierno sea per se democrático, ya que no es su elección sino sólo su ejercicio lo que lo hace democrático y sólo en lo que atañe al programa por el que fue elegido: elegir a un gobernante para un proyecto político elegido no lo convierte en encarnación del espíritu del pueblo: lo único popular puede ser la elección de un partido político, no el partido político en sí mismo; incluso si hubiera sido elegido para ejercer una dictadura de partido único, sólo sería voluntad del pueblo ser gobernado por la dictadura de ese partido y no el partido en sí: su clase dirigente no se habrá vuelto por eso ni la vanguardia de la conciencia de clase, ni la cabeza de una democracia orgánica, ni ningún otro invento leninista o hitleriano… con lo cual, además, de democracia no podrá quedar mucho a nivel electivo. La única promesa de democracia a dicho nivel es la participación en elecciones internas en asambleas del partido, elecciones cuya libre deliberación estaría sesgada por la represión política interna para la conservación de la doctrina. Una participación soviética en las decisiones como constante y total genuina democracia directa exige, paradójicamente, un total pluralismo multipartidario o la ausencia total de partidos ideológicos en la elección directa de todas las decisiones.

  2. Incluso si todo gobierno fuera per se democrático, la reducción del poder del gobierno no reduce, en cualquier caso, la esfera de poder para tomar decisiones democráticas sobre cuál será su alcance, sólo reduce ese mismo alcance: el dominio que el poder democrático ejerce sobre los ciudadanos en tanto habitantes. Pero es importante entender que incluso una reducción del poder democrático no implica un mayor poder (¿en qué consistiría?) otorgado a particulares sobre todos los particulares, ya que para estos “poderosos” pudieran reemplazarlo en su rol requerirán un uso de la fuerza que sólo el Estado posee, y que en cualquier caso y de existir dará a quienes estén sujetos a él mayores facilidades para resistirlo que frente al Estado. Cuanto mayor sea el poder democrático intentado, mayor será la participación ciudadana en las decisiones que requiera, y su despolitización deberá ser mayor para evitar la discriminación en la formación de las elecciones. Pero un mayor poder democrático a través del gobierno puede ser algo no deseado democráticamente. Puede elegir una política que se limite a ciertas leyes que no exigen un aumento de la esfera de acción del poder legislativo, en vez de medidas que requieran una discrecionalidad constante que sí exige un aumento del poder ejecutivo. El pueblo puede, además y como se plantea en este punto, elegir gobernarse menos a sí mismo sin por eso aceptar ser más gobernado por otros.

  3. Incluso aceptando que el poder fuera no una cantidad variable sino una cantidad estática como conjunto constante a distribuir en situación de suma cero para ser aplicado por igual a todos, o sea: una porción que se distribuye el pueblo por un lado (pueblo entendido como un todo público y no una suma igualitaria de privados con igual cantidad de acciones en el gobierno) y unos pocos grupos o individuos privados por el otro (con un poder público paraestatal, o sea no democratizable), la conclusión de la preferencia del individuo por el poder popular no se deriva de las premisas ya que la libertad no se recupera a través del pueblo: la libertad que yo pierdo como individuo no la recupero por ser regulado por un poder público “popular” en lugar de un poder privado “oligárquico”. Y no tengo más o menos intereses en común con el supuesto control de parte de un sector social que con el control institucionalizado de amplios sectores sociales, ni tiene que ser mejor para mí individualmente uno que otro (salvo, claro está, por la historia en versión de lucha de clases que nos vende Pigna).

El objetivo de controlar Papel Prensa, para los K, es el de difundir esta ideología. Y esta doctrina, ideológicamente hablando, es el discurso de una clase política expansiva. Todo el discurso sobre “los poderes concentrados de la economía”, toda la retórica K sobre equilibrarlo con un poder logrado a base de empresas nacionalizadas, va dirigida a esta premisa estatista muy vieja que se reduce a negar que, salvo las patotas, las mafias y las guerrillas, el único poder concentrado y concentrable es el de la burocracia estatal, a donde todos las demás fuerzas sociales (“poderes”) recién van para tener poder; y cuando no lo hacen, es por la simple razón de que pueden por sí mismos crear una nueva burocracia que organice en la extensión de un territorio una nueva sociedad “nacional” encerrada dentro del perímetro que posibilita su poder administrativo; en pocas palabras: que pueden crear un nuevo Estado.

Haciendo suyas las lecciones de sociología política de Montesquieu y Tocqueville, un olvidado Marx recordaría en El 18 Brumario de Luis Bonaparte que cada revolución no hizo nunca otra cosa que volver más fuerte al aparato del Estado frente a la moderna sociedad civil que lo requiere. Paradójicamente la influencia de este filósofo en los prejuicios de los gobernantes hace cada día más vigentes sus palabras:
Este poder ejecutivo, con su inmensa organización burocrática militar, con su compleja y artificiosa maquinaria de Estado, un ejército de funcionarios que suma medio millón de hombres, junto a un ejército de otro medio millón de hombres, este espantoso organismo parasitario que se ciñe como una red al cuerpo de la sociedad francesa y le tapona todos los poros, surgió en la época de la monarquía absoluta, de la decadencia del régimen feudal, que dicho organismo contribuyó a acelerar. Los privilegios señoriales de los terratenientes y de las ciudades se convirtieron en otros tantos atributos del poder del Estado, los dignatarios feudales en funcionarios retribuidos y el abigarrado mapa muestrario de las soberanías medievales en pugna en el plan reglamentado de un poder estatal cuya labor está dividida y centralizada como en una fábrica. La primera revolución francesa, con su misión de romper todos los poderes particulares locales, territoriales, municipales y provinciales, para crear la unidad civil de la nación, tenía necesariamente que desarrollar lo que la monarquía absoluta había iniciado: la centralización; pero al mismo tiempo amplió el volumen, las atribuciones y el número de servidores del poder del Gobierno. Napoleón perfeccionó esta máquina del Estado. La monarquía legítima y la monarquía de Julio no añadieron nada más que una mayor división del trabajo, que crecía a medida que la división del trabajo dentro de la sociedad burguesa creaba nuevos grupos de intereses, y por tanto nuevo material para la administración del Estado. Cada interés se desglosaba inmediatamente de la sociedad, se contraponía a ésta como interés superior, general (allgemeines), se sustraía a la propia iniciativa de los individuos de la sociedad y se convertía en objeto de la actividad del Gobierno, desde el puente, la escuela y los bienes comunales de un municipio rural cualquiera, hasta los ferrocarriles, la riqueza nacional y las universidades de Francia. Finalmente, la república parlamentaria, en su lucha contra la revolución, viose obligada a fortalecer, junto con las medidas represivas, los medios y la centralización del poder del Gobierno. Todas las revoluciones perfeccionaban esta máquina, en vez de destrozarla. Los partidos que luchaban alternativamente por la dominación, consideraban la toma de posesión de este inmenso edificio del Estado como el botín principal del vencedor.

Decirle a una población que se hace su voluntad al combatir a ciertos medios de comunicación, y al mismo tiempo decirle que se los combate para que su voluntad ya no sea creada por éstos, no es más que la última forma de degeneración ideológica del bonapartismo. Para simplificarlo: si los K intentan combatir un poder por su carácter ideológico no pueden simultáneamente afirmar representar la voluntad de la gente al hacerlo. La gente que apoya a los K y no cree -ahora- en Clarín, no necesita que el gobierno los libere de la obligación de ver TN o Canal 13. Si fuera mayoría, el problema para los K ya estaría solucionado. Pero si es minoría, numerosa o no, miente a los demás junto con el gobierno que les miente. Que una guerra comunicacional se sostenga no sólo a pesar sino gracias a estas argumentaciones paradojales, y que, desde el momento en que la guerra se vuelve política, estas argumentaciones paradojales se conviertan en situaciones paradojales, demuestra que la idiotez masiva tal vez sea condición necesaria pero no suficiente para la situación política argentina: se requieren otras dos cosas. Una y primera, la separación ya inevitable desde el fin de la Edad Media entre lo particular y lo universal, entre lo privado y lo público; y otra, la eventualidad de que el Estado se vuelva contra la sociedad civil sobre la que está edificado, en función de intentar representarla como un todo. O mejor dicho, de suplantarla.




El ideal populista respecto de la libertad de prensa sufre de la misma enfermedad que su ideario económico: sólo puede realizarse bajo una democratizada centralización socialista, véase, los medios de comunicación en manos del pueblo como un entero, necesariamente planificado por sus líderes. Esta idea de un “poder popular” central controlando la prensa no sólo es contradictoria -además de cómica- apenas se intenta imaginar a un pueblo leyendo sus propias palabras***; también lo es porque la libertad de prensa tiene sentido si -y sólo si- es ejercida por emisores individuales, con opiniones privadas, que puedan representar, libremente asociadas con la de sus periodistas o no, la voz de sus propietarios (sin duda será mejor cuantos más sean, pero lo importante es que haya libre entrada a ese mercado, entendiendo por esto que, gracias al éxito que provea el apoyo del público, estén al alcance de todos, y si pueden estar al alcance de todos simultáneamente, como los blogs, todavía mejor). Pero esa libertad de prensa sólo dará frutos si está dirigida a un público receptor con libertad de elección (libre de elegir leer algo o no leerlo, por un lado, y libre de pagar por él o no, por el otro -esto último se incumple con el subsidio estatal que es parte de la nueva ley de medios K-), pero además constituido por individuos capaces de recibir las nuevas ideas y ponerlas a prueba dentro de la propiedad privada de sus propios cerebros, el único lugar -al menos hasta ahora- para la generación de ideas independientes. Sólo en este sentido se puede decir que es bueno que un pueblo se escuche a sí mismo, ya que así lo que queremos significar es, simplemente, que las personas se escuchen entre sí.
La emancipación en sentido populista, en vez de intentar aumentar en cada individuo del público ese refugio privado de reflexión individual que es la cuna de todo pensamiento independiente, o sea, en vez de desmasificar a la gente, pretende reemplazar la opinión pública supuestamente influida por “privados” adversos, por una influida por el Estado -o por “privados” aliados-. Y todo esto jamás en nombre de un juicio superior al del pueblo -lo cual sería admitir el propio elitismo y al hacerlo contradecir doctrinalmente las premisas populistas-, sino en nombre del juicio y la voluntad de ese mismo pueblo que se supone manipulado -contradicción sin salida que implica construir fácticamente un elitismo permanente-****

Los “poderosos” a los cuales este gobierno dice molestar no existen o no son tan poderosos. Si acaso estos tienen un mayor poder que el del gobierno, de lo que en realidad se habla es de una libertad específica: un “poder” sobre un área acotada por otro poder mayor que es el Estado de Derecho, y un pseudo-poder privado (limitado al dominio de sí mismo) no es, a diferencia del poder del gobierno, un poder ni coercitivo ni coactivo para nadie.
Si ese “poder” privado paralelo (de empresa o ahora de medios) fuera mayor que el del gobierno, le quitaría el monopolio de la violencia al Estado, y entonces el gobierno desaparecería y sería reemplazado. Si estos agentes económicos considerados como “poderes” persisten, no es porque tengan más o menos poder que el Estado. Insisto, si tuvieran más derribarían al gobierno y si tuvieran menos serían derribados por éste. Si permanecen en su lugar es porque el gobierno, a pesar de su monopolio del poder, no tiene tantas posibilidades de usar dicho poder. Y esto no porque alguien mayor le imponga un obstáculo, sino porque la realidad misma le impone un obstáculo mayor, sea por sus características intrínsecas (no tiene la capacidad estructural de erigir un régimen totalitario) o extrínsecas (la costosa resistencia de las fuerzas sociales de las que depende y a las cuales hasta tal vez necesita). Estos determinantes sociales son limitantes del poder, pero no por eso poder en sí mismo. Si no tengo el poder de matar a mi vecino no significa necesariamente que la razón resida en que éste deba tener un mayor poder de matarme a mí. El mal uso retórico del término “poder” ha invadido, con las imágenes que trae a la mente, el significado que se supone entendido en el diálogo político, y lo ha reemplazado por una guerra total entre desiguales fuerzas sin límites que deben imaginarse contradictoriamente ocultas. Mientras tanto el verdadero poder se hace más fuerte, superando sus autolimitaciones naturales.




Mi hipótesis es que un Estado puede variar sus políticas y sus políticos, pero para eso requiere de cierta homogeneidad institucional a lo largo de su historia. Si no la posee, una fuerte unidad ideológica debe hacer de contrapeso, y estar ligada al Estado en todo momento sin fijarse perpetuamente en ningún sector de la clase política. Lograr esa unidad implica un sector protegido fuera de la política eventual, pero una vez lograda la unidad este sector tenderá a acercarse al Estado al que apuntaló, mientras que la eventual dirigencia gubernamental lo rechazará ya que tendrá una fuerza nueva que la conformidad unívoca para con el Estado le brinda.
En cuanto una facción política conquista el Estado, en cuanto este se vuelve, no importa en qué medida, algo similar a un Partido-Estado (y en cuanto esta facción desea hacer de su influencia sobre la burocracia algo permanente), la homogeneidad ideológica sólo les asegura su usurpación a fuerza de que dicha hegemonía pierda su carácter de neutralidad. El Estado y la cultura política deberán estar teñidas por el Partido, por el movimiento de políticos en el poder, si es que no quieren correr el riesgo de perderlo. Al ligar al Estado con una política de Estado, el movimiento político logra que él mismo quede también ligado al Estado. Qué es un medio y qué un fin, tiene poca importancia: la retroalimentación hace que ambos elementos, movimiento y programa, deban adaptarse mutuamente en función de sus necesidades.
Una hegemonía politizada, por tanto, requiere que aquel elemento de unidad ideológica que se encontraba ligado al Estado -pero todavía fuera de él- y que poseía eventuales intereses neutrales -frente al caso de fracaso político-, sea absorbido o eliminado en tanto tal, ya que no puede esperar de éste una lealtad a ciegas con independencia de su éxito en el dominio del Estado, y de darse el éxito para sostenerse en la cumbre del poder, su lealtad se torna, además de innecesaria, altamente exigente. La politización de la sociedad, que es corolario de un proyecto populista, implica una gran inestabilidad institucional: el Estado se debilita en su autonomía política, pero a la vez se fortalece en tanto ligado al grupo político en el poder, con lo cual sus miembros individuales se ven cada vez más obligados a apostar a favor del partido dominante o en contra de él. Los burócratas tienden a agregarse una segunda actividad, sea como militantes o como desertores. Esta polarización deposita toda la capacidad de adaptación en la elite política, la cual está cercada todavía por esas limitaciones sociales que sólo un totalitarismo puede superar (no tener centros de reeducación, ni campos de trabajo, no poder planificar la distribución social de la población, etc.), y cuya adaptabilidad, en cualquier caso, siempre se encuentra limitada por el mantenimiento de un proyecto ideológico en el poder. Esta rigidez ideológica implica que el Estado no pueda adaptarse a los cambios sociales, pero a la vez implica que el Estado puede imponerse a esos cambios, generándolos. En rigor, sólo controlándolos el Estado se vuelve eficaz, adaptándolos, subordinándolos. Pero esa eficacia se logra al precio de una ineficacia neta, tanto frente a otros estados como frente a su sociedad civil (y respecto a sí mismo en términos de modernización social y económica).
El fracaso de un proyecto populista arrastra en gran medida al Estado, y ante este riesgo fuerza a todo unificador ideológico, que pueda estar ajeno a los proyectos que genera (como Clarín, que debe permanecer a través de una sociedad con muchas crisis políticas), a elegir favorecer a otra clase política. Si bien no oponerse implicaría apostar a un dominio mayor, tanto político como ideológico, dicho dominio sería, por un lado, un proyecto incierto, y por el otro y como si fuera poco, un dominio frente al cual sólo serían un apéndice (y un apéndice prescindible), jamás su centro, ya que la facción política en el poder no fue preparada y creada por éste como proyecto hegemónico para traspasar luego a sus miembros.
Todo esto refuerza a los populistas que apuestan a la permanencia (como los K), en su necesidad de destruir a cualquier elemento con este tipo necesariamente exógeno de influencia cultural (como el Grupo Clarín), esto es, que sea a la vez capaz de homogeneizar ideológicamente a la sociedad en relación con el Estado sin necesidad de estar ligado a un Partido o movimiento político. Esta necesidad no variaría demasiado para los K si acaso dicha permanencia se encuentra planeada por un período de tiempo limitado antes de un abandono sorpresa del Estado, ya que precisamente ese margen no estaría establecido en función del Estado sino en función del grupo político en el poder, y ese es un tiempo que los demás no están dispuestos a esperar.
Este sería un esbozo de explicación sociológica y causal de un fenómeno que casi pareciera accidental para muchos. Incluso sería accidental desde cierto discurso populista de izquierda, aparentemente teórico, que ante la contradicción de explicar una conspiración ideológica en función de un interés económico, se resuelven por apelar a la conspiración a secas (Clarín habría sido siempre neoliberal, porque sí) para explicar el caso Papel Prensa, cuyo único interés común con su proyecto ideológico debería ser pues el carácter capitalista de la propiedad de los accionistas. Esto a pesar de que jamás ejercer un tipo de propiedad podría transformar a un programa ideológico -con todos sus costos- en un plausible interés mediato para un segmento muy reducido de empresas respecto del total (idea que además entraría en contradicción directa con la defensa que el propio gobierno hace de todas los propietarios anteriores a 1976, en particular Graiver el banquero de la guerrilla terrorista Montoneros). Otros, con apenas un poco más de coherencia, lo explican como una creación de los intereses del gobierno de facto. Sin embargo incluso esto sería incongruente, no sólo empíricamente por la ideología que promovió realmente el Grupo Clarín, sino por el simple hecho de que Clarín es muy anterior al gobierno de facto, así como la metodología de Papel Prensa se remonta a su propia creación, alabada paradójicamente por los propios Kirchner.



Si no se alteran hechos que valen como premisas de una explicación, la constatación del fenómeno exige explicar las causas, dadas ciertas posibles condiciones de existencia, contra las hipótesis conspirativas puras de izquierda y derecha que explican sus origenes ex nihilo, de la mera voluntad accidental pero perfectamente coordinada de ciertos individuos casi elegidos al azar por la historia.
Sin un “pueblo” que más que pueblo es “masa”; sin esa muchedumbre solitaria, atomizada, impersonal y colectivizable que caracteriza a la sociedad moderna (y la de Argentina no es, al menos en este sentido, excepción), y sin esas ciertas condiciones sociales y culturales de fracaso individual que hacen posible el populismo, un truco artero como el de controlar Papel Prensa no daría ninguna ventaja. Organizaciones como ésta ayudan a sostener e incluso recrear el populismo, mientras que el populismo hace necesaria una mayor unidad y politización de la hegemonía ideológica. Pero es muchas veces esta unidad la que genera el conflicto: su permanencia sólo puede ser sustentable y bien recibida fuera del ámbito político, pero sus mayores beneficios sólo pueden tomar carne en las acciones del Estado.
Kirchner y Clarín desearon algo que sólo podían dominar por separado. El deseo se les hizo realidad pero ahora no pueden correr el riesgo de compartirlo.




* Este círculo vicioso puede romperse si en forma centralizada se logra la cohesión necesaria -sindicalmente o vía la imposición de un mandato- entre los diferentes sectores sociales. Si las partes de una sociedad no planificada desean lograr un orden planificado, los primero que deben lograr es pasar por encima de sus propios intereses particulares, ya que para los fines de una cartelización se encuentran contrapuestos al interés común del plan revolucionario (el interés común del orden de mercado sólo les ofrece ventajas como intereses separados, en forma privada: no universal; con todos sus beneficios estas ventajas implican el sometimiento a un orden de mercado frente al cual son anónimos y reemplazables en función de la eficiencia económica de la sociedad capitalista como un todo, y no de los capitalistas existentes). Para lograr superar este obstáculo deben conseguir imponerse en forma sincrónica al contexto social, evitando las inevitables reacciones mutuas adversas (objeto de estudio de la teoría de juegos) que generaría intentarlo por mera iniciativa individual. Si los agentes económicos llegaran a lograr una conspiración política de este tipo, los posibles negocios de cada parte ya no estarán predeterminados por el contexto económico, por el contrario será el proyecto político global el que cambie ese contexto, no importa cuánto de la esfera económica será sometida a la nueva planificación.



** Excurso: debo reconocer que de un tiempo a esta parte me he vuelto bastante crítico de muchas apreciaciones positivas que el pensamiento liberal tiene sobre la historia del desarrollo tecnológico, la sociedad moderna, el intercambio de mercado como única posible relación económica, la formación por generalización de un predecible "homo oeconomicus" que se ha vuelto objeto de estudio de la "teoría de la elección racional" la cual puede explicar ciertas reacciones humanas frente a las circunstancias (cuando se busca el interés monetario o bienes materiales como fines) pero no las causas ni el contenido de las circunstancias (hoy cada día, por la cultura economicista, cada vez más homogéneas), la sociedad de mercado como mundo cuyo eje separa la economía de la cultura subordinando la última, la disolución secular de las comunidades y cuerpos sociales intermedios (los societarios, pero en particular los comunitarios) entre el individuo particular y las entidades impersonales del mercado y el Estado, la tendencia de la propiedad privada individual libre o burguesa sobre industrias tendientes -por la relación negativa entre costos de gestión y costos de transacción- al anonimato burocrático, etc., o sea, todos elementos que no desaparecerían con la sustitución total del Estado por los privados si no se modifica la naturaleza de la moderna propiedad privada individualizada (que es una entre tantas formas privadas de apropiación, por lo cual sigo considerándome un privatista a pesar de ser a la vez comunitarista). El error de muchos liberales en este aspecto se debe, principalmente, al individualismo metodológico de análisis sin considerar el contexto de las estructuras sociales irreductibles que deberían afectarlo, o sea, el atomismo ontológico: error que cabe reconocer no cometieron ni Max Weber ni -o sólo parcialmente- Friedrich Hayek, entre otros.
En sociología, economía, historia y cultura, mi conclusión tiene puntos en común -aunque muchos en contra- con pensadores más o menos relacionados con ciertas "escuelas históricas", y en general debo reconocer una gran deuda para con nombres de dispares orientaciones y corrientes del pensamiento como Tönnies, Nisbet, Weaver, Kojève, Kołakowski, De Jouvenel, Finkielkraut, Lipset,
Weber, Sombart, Polanyi, Houellebecq, Comte, Durkheim, Smith, Marx, Kelsen, Horowitz, Genovese, Schumpeter, Pirenne, Braudel, Bloch, Le Goff, Foucault, Aron, Giddens, Dahl, Simmel, Freund y otros que parecen no relacionados como Kuhn, Pascal, Prigogine, Koestler, Lem, Gödel, Cantor, Von Neumann, Lachmann, Mandelbrot, Searle, Bergson, Heisenberg, Dumont, Planck, Husserl... por no hablar de Platón, Aristóteles y sus herederos. Pero, al mismo tiempo, comparto todas las críticas liberales (y no liberales) que siempre dirigí contra la otra posibilidad de administración para una economía compleja: la planificación económica total, el colectivismo social o socialismo.
Por todo esto es que me sirvió de disparador escuchar, sobre una cuestión que me resulta tan oscura y molesta como el tipo de monopolio cultural que representó el Grupo Clarín e hizo posible Papel Prensa, las hipocresías de este gobierno que sabe combinar algunos de los peores efectos del capitalismo y del socialismo, esto es: combinar aquellos aspectos negativos de la libre propiedad privada (burguesa) de cada individuo para crear, disponer, comprar y vender el capital industrial, la tierra y el trabajo (del cual el capital suele ser el más rentable), con aquellos aspectos negativos de la planificada propiedad pública (burocrática) del Estado sobre el capital industrial existente (o sea, propio o ajeno, por generación o expropiación), la tierra y el trabajo (necesariamente ajeno).



*** Es cierto que la opinión pública, como el sentido común, puede tender a presentar cierta uniformidad por el carácter constante y único de ciertos aspectos inmediatos de la realidad frente a la cual los individuos se encuentran y reaccionan en forma racional. Y si bien -y en esto concuerdo con Burke- este sentido común sólo puede ser transmitido y pulido por los hábitos de una cultura y es necesario para que esta se refleje y autorreproduzca (incluso si se trata de la cultura de un grupo social o étnico), también puede ir en contra de las bases lógicas y racionales (bases que no implican que una sociedad pueda ser una construcción racional consciente) que son el contexto de esa misma cultura. Por esto es que, como decía Unamuno, a veces tenemos demasiado sentido común y poco sentido propio. Gracias a la moderna sociedad industrial, la formación de las muchedumbres solitarias y su corolario, los medios de comunicación masivos, esta aseveración se vuelve políticamente relevante ya que el sentido común desaparece parcialmente para ser reemplazado por la opinión pública.
En curioso contraste con las pocas palabras que escribió Marx en defensa de la libertad burguesa de prensa, el populismo pretende negar el hecho de que si, frente a un medio de comunicación, la mayoría carece de criterio autónomo, no lo recuperará si se destruye ese medio, sea partiéndolo en muchos pequeños medios privados o pasándolo a otras manos, sean las de un Graiver o las del Estado. Mucho menos lo recuperaría si ridículamente se intentara lo que el populista dice pretender: que todo el público de un país, considerado sin mentes independientes, controlara los medios de comunicación, sea a través del Estado, de cooperativas de prensa o de infinitos blogs privados para cada individuo: que la masa sólo se escuchara a sí misma sería el peor de todos los casos, cosa que de cualquier manera no tendría sentido.



**** Un despotismo ilustrado sería más sincero, aunque en el caso colectivista no dure mucho: tomo por ejemplo al leninismo, las vanguardias del partido y sus intelectuales orgánicos. El marxismo y el fascismo han influido en todos los proyectos elitistas de desarrollo democrático, convirtiéndolos regularmente en colectivismos que luego deben ser justificados en forma populista: la intención democrática sólo puede volverse totalitariamente democrática. La emancipación en sentido populista iguala para abajo: en vez de desmasificar al público intenta masificar a los medios. Y lo hace en nombre de representar la contradicción rousseauniana de una “genuina” opinión pública oculta bajo una “falsa” opinión pública, y probablemente atacando, también a la manera de Rousseau, el único lugar donde la opinión pública independiente podría formarse libremente: la opinión privada de cada ciudadano. Sin decirlo tan abiertamente, el populismo moderno desprecia de una u otra forma como egoísta u oportunista la opinión de la ciudadanía tomada individualmente, y la caricaturiza como un aristocrático obstáculo para la emergencia natural de la opinión colectiva de esa voluntad general, que sería altruista y por solo esto inmune a la subordinación a otra cosa que no sea ella misma, esto es las voluntades privadas. El populismo, a diferencia del marxismo, escinde el interés de un individuo con el interés de su clase. Puede muchas veces culpar de traición y corrupción para con el enemigo exterior, a cada individuo disidente con el llamado “pensamiento popular” -como el marxismo-leninismo hace con los disidentes con el “pensamiento de clase”- pero lo cierto es que el populista puede darse un lujo que el marxismo no puede, o no debería darse si es coherente: acusar al individuo por su interés individual.




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miércoles 10 de marzo de 2010

La estafa del proteccionismo al descubierto

Diálogo real
-Buenos días, ¿tendría cubiertas P 400?
-Lamentablemente hace tiempo que no tenemos nada, están cerradas las importaciones.
-¿Como?¡¡¡
-Estamos gobernados por locos y estas son las consecuencias.
- ¿Y ahora que hago sin auxilio?¡¡
-Encomiendese a Dios o a las manos de Cristina. je
-La madre puta que la pariooo.
-Hay algo que puede hacer. Busque un lugar que trabaje con cubiertas "XL" que es una de las marcas nacionales cuyo 57% es de un tal Nestor. La otra marca nacional importante tiene problemas porque no puede importar los insumos. Solo se deja importar los insumos que sean suficientes para "XL"




El nombre "XL" es ficticio pero la situación es real. El empresario mensionado tenia nueve personas trabajando a su cargo, ahora tiene una sola. Despues nos vienen que el proteccionismo es para defender fuentes de trabajo. MENTIRA, son meras escusas para defender intereses económicos de las manera fácil, teniendo siempre de rehen a los consumidores.
Como este caso habrán otros, la mentira del proteccionismo queda al descubierto.


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martes 9 de marzo de 2010

Empleo doméstico: "Conquistas" sociales y de lenguaje

Muchos festejan las "conquistas sociales" del servicio doméstico: salario mínimo, aportes, indemnización por despido. "Ha disminuido el trabajo doméstico en negro" dicen, es cierto, pero más que eso, podríamos decir que ha disminuido el empleo doméstico en general
El trabajo doméstico en "negro" era el más eficiente seguro de desempleo para mujeres sin trabajo. Eso ya es historia, las clases medias y medias bajas (que también necesitan servicio doméstico aunque no lo entiendan los burócratas) evitan ahora tenerlo como si tratara de un hipoteca impagable.
Para muestra basta un botón. Conozco el caso de una persona que perdió su trabajo y por lo tanto tuvo que despedir a su doméstica. La domestica inicia juicio laboral, la persona en cuestión tiene que vender el auto para pagarle. Ha jurado por Dios la Virgen y todos los Santos que no volverá a contratar una doméstica.


Se suele poner de ejemplo el caso de Estados Unidos y Canada paises en los cuales es imposible tener una empleada doméstica, pero ello se debe al nivel de capitalización que permite mejores opciones laborales incluso para mujeres que no tienen estudios universitarios. Hay más posibilidades de trabajar en un shoping en un supermercado, de ser secretaria etc. A ello se debe la dificultad de contratar servicio domestico. Aquí se quiere poner el carro delante del caballo como siempre. Y los perjudicados son siempre quienes supuestamente se quiere defender.
Tema aparte es la cuestíon de si se debe decir doméstica o no. El lenguaje es un orden espontaneo, no surge de ningún DNU. El lenguaje evoluciona solo, no tiene sentido complicarlo con extravagancias como decir "todos y todas". Decir solo "todos" es economía del lenguaje que nos permite trasmitir más rápido la información. Ni esas cosas elemetales se quiere entender.

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miércoles 25 de noviembre de 2009

Climategate II

Siguiendo el hilo del post anterior traigo el archivo que destruyó una religión, el Código Da Vinci ambiental como le escuché a alguien decir.

Es un solo archivo .zip de 61Mb en dos servidores



Spread the truth.

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Climategate

video

Para los que estuvieron atentos en la red, sabrán que hackers rusos o turcos (no se sabe bien) hackearon computadoras del instituto CRU (Climate Research Unit), proveedor casi oficial de todos los datos que se manejan en el mundo sobre el calentamiento global. En particular de los burócratas de la ONU. Entre lo divulgado se encuentran miles de mails y documentos de "científicos" a nivel mundial (de la década del 90 hasta el día de hoy), que apoyan la teoría del calentamiento global.
Como se imaginaran, los descubrimientos son numerosos. Entre ellos:
- Formas ("tricks" como ellos dicen) de maquillar datos de toda índole
- Planes para censurar, quitar financiamiento y desprestigiar a científicos particulares que estan en contra de la teoría.
Todo tipo de insultos a los mismos, incluso manifestaciones de alegría por la muerte de algunos.
- Confesiones acerca del financiamiento para arribar a datos específicos

A la pregunta de por qué esta noticia no esta ahora mismo en todos los noticieros (aunque debo decir que paulatinamente la noticia esta siendo receptada, por ejemplo en BBC) dejo la interpretación al lector.
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jueves 5 de noviembre de 2009

Lo que nos faltaba: Una nueva ley kirchnerista

El kirchnerismo va por más. ALERTA ROJA
"en el artículo 4°, en el que se establece de modo inequívoco que es “responsabilidad principal e indelegable” del Estado “la organización, el planeamiento y la evaluación del desarrollo académico, científico, tecnológico, cultural y de vinculación e innovación socioproductiva” del nivel universitario, así como la “gestión de los organismos colegiados donde se debatan y sancionen ordenamientos generales complementarios a las políticas particulares de cada jurisdicción”. Todo lo importante se encuentra, completa e indelegablemente, en manos del Gobierno nacional.

Pero también los amigos del gobierno tienen su parte en el proyecto: la bien conocida FUA (Federación Universitaria Argentina), reducto tradicional de la izquierda estudiantil más recalcitrante y retrógrada, responsable de innumerables tomas, huelgas, escraches y de haber impedido varias veces por la violencia la elección del rector de la Universidad de Buenos Aires, es institucionalizada y elevada, en el artículo 75 del proyecto, a la categoría de agencia única de representación estudiantil en todo el país.

Además, todos los estudiantes, por el solo hecho de ingresar a una universidad -estatal o privada- pasarán a pertenecer al sistema “representativo” encabezado por la FUA, sean cuales fueran sus ideas políticas o sus opciones en materia educativa. Es decir, algo similar, pero más totalitario, que la “personería gremial” de que gozan los sindicatos más poderosos."

http://www.losandes.com.ar/notas/2009/10/30/opinion-454160.asp




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lunes 28 de septiembre de 2009

Walter Block:¿ Estaba Ayn Rand equivocada?

Relacionado con el post anterior. Se podría considerar una postura intermedia entre las dos planteadas por aquel.
http://dias-sin-huella.blogspot.com/2008/06/estaba-ayn-rand-equivocada.html
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lunes 31 de agosto de 2009

Religión y Liberalismo. Dos posturas

"La defensa del credo liberal es imposible sin aludir a una base moral y ética. Y hablar de moral y ética es imposible sin referencia a la religión. La separación del Estado de las iglesias es muy saludable para ambas instituciones; pero no significa quitar la religión de los asuntos públicos, y relegarla a un asunto “meramente privado”, del que no cabe hablar en el Congreso ni en los partidos, sus reuniones y documentos...
Expulsar la religión de la mesa de discusión de asuntos públicos fue un éxito para los enemigos de la libertad. Para sus amigos, es de lamentar. Y para los creyentes, es vergonzoso que haya sido con el acuerdo de muchos dirigentes eclesiásticos: a cambio de algunas prebendas y/o una frágil garantía para el culto privado, dieron su silencio, su conformidad o su complicidad a la estatolatría, adoración al ídolo pagano más viejo de la humanidad, y exigente cobrador de los sacrificios humanos más crueles: El Estado."
No es lo mismo:Religión y asuntos públicos Alberto Mansueti

"No es la inmoralidad de los hombres la responsable del colapso que amenaza ahora con destruir al mundo civilizado, sino el tipo de moralidad que se impuso a los seres humanos," escribió la eximia filósofa Ayn Rand. "La responsabilidad es de los filósofos del altruismo. Ellos no tienen motivo para sentirse horrorizados por el espectáculo del éxito que han tenido, ni derecho de condenar a la especie humana: los hombres les obedecieron y llevaron sus ideales morales a la práctica… En aras de un retorno a la moral se sacrificaron todos aquellos males que los hombres consideraron como causante de sus desgracias. Sacrificaron la justicia a favor de la piedad, sacrificaron la independencia a favor de la unidad, sacrificaron la razón en favor de la fe. Sacrificaron la riqueza a favor de la pobreza, sacrificaron la autoestima a favor de la negación del Yo, sacrificaron la felicidad en favor del deber. Destruyeron todo lo que consideraron ser malvado y alcanzaron todo lo que tenían por bueno. Por qué se horrorizan ahora ante el mundo que los rodea? Ese mundo no es el producto de vuestros pecados, sino el producto y la imagen de vuestras virtudes. Es su ideal moral llevado a la realidad en su forma total y perfecta. (de "La Ética Objetivista" y "La Rebelión de Atlas")...
Propiciar, promover o adherir a religión alguna es, para los liberales, desacertado por incongruente. Las religiones son la antítesis directa de la libertad del individuo, son las camaradas y defensoras de todas las doctrinas colectivistas que han llevado tanto mal a las poblaciones del mundo entero. Es preciso que los liberales que no adhieren al Objetivismo o que desconocen sus premisas, comprendan que adherir a una religión como fundamento moral de sus ideas es cometer una trágica contradicción en términos. Ninguna religión fundamenta a las ideas liberales, por más que haya habido y todavía existan quienes quieran adherir a tal despropósito. "


Religión y liberalismo Manfred F. Schieder

Dejo las consideraciones sobre cual es la postura correcta al lector.


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domingo 26 de julio de 2009

FALACIAS DE LA TEORÍA DE LOS BIENES PÚBLICOS Y LA PRODUCCIÓN DE SEGURIDAD

Hans-Hermann Hoppe

En 1849, cuando el liberalismo clásico era todavía la ideología predominante y los términos “economista” y “socialista” se consideraban (con razón) antónimos, Gustave de Molinari, prestigioso economista belga, escribió: “Si existe en economía política una verdad bien fundamentada, es ésta: En todos los casos, sean cuales fueren los bienes que satisfacen las necesidades materiales e inmateriales del consumidor, lo que más le conviene a éste es que el trabajo y el comercio se desarrollen en libertad, porque esto tiene como consecuencia necesaria y permanente la máxima disminución del precio. Y ésta: Sea cual fuere el bien de que se trate, el interés del consumidor debe prevalecer siempre por sobre los intereses del productor, La observación de estos principios lleva a esta rigurosa conclusión: Que la producción de seguridad debe someterse a la ley de la libre competencia, en interés de los consumidores de este bien intangible. Por consiguiente: Ningún gobierno tiene el derecho de evitar que otro gobierno entre en competencia con él o de exigir a los consumidores de seguridad que acudan exclusivamente a él en procura de este bien”. Y, con respecto a la totalidad de la argumentación, agrega: “Si esto no es lógico y verdadero, los principios sobre los cuales se basa la ciencia económica carecen de validez”.



Aparentemente, sólo hay un modo de rehuir esta desagradable conclusión (así, por lo menos, la consideran todos los socialistas): sostener que existen determinados bienes a los cuales no se aplica este razonamiento general, por ciertas razones especiales. Y esto es lo que han decidido probar los denominados teóricos de los bienes públicos. Sin embargo demostraré que en realidad no existen bienes ni razones especiales, y que la producción de seguridad no plantea un problema diferente del de la producción de cualquier otro bien o servicio, ya se trate de casas, quesos o seguros. Toda la teoría de los bienes públicos, pese a sus numerosos seguidores, es defectuosa, plagada de razonamientos rimbombantes, incoherencias internas y falsas conclusiones, apela a los prejuicios populares y a las creencias aceptadas y se sirve de ellas, pero no posee ningún mérito científico.

Entonces, ¿qué nos ofrece el camino que los economistas socialistas han hallado para escapar de las conclusiones de Molinari? Desde los tiempos de Molinari, la pregunta de si existen bienes a los que pueden aplicarse distintos análisis económicos ha recibido, con creciente frecuencia, una respuesta afirmativa. En realidad, es casi imposible encontrar un solo texto de economía contemporáneo que no destaque la importancia vital de distinguir entre bienes privados, para los cuales se acepta en general la superioridad del orden de producción capitalista, y bienes públicos, en cuyo caso se la niega. Se afirma que ciertos bienes o servicios -entre los que se cuenta la seguridad- poseen la especial característica de que no están limitados a quienes realmente han pagado por ellos. Por el contrario, pueden disfrutarlos aun las personas que no han participado en su financiación. Se los denomina bienes o servicios públicos, en contraste con los bienes o servicios privados, que benefician exclusivamente a los que los han pagado. Y se aduce que esta característica especial de los bienes públicos es la que determina que los mercados no los produzcan, o por lo menos no en la cantidad o con la calidad suficientes, por lo cual se necesita la acción compensadora del estado.

Los ejemplos que ofrecen diferentes autores acerca de los presuntos bienes públicos varían muchísimo. A menudo clasifican de manera diferente el mismo bien o servicio, lo que hace que ninguna clasificación de un bien particular sea irrefutable; esto prefigura claramente el carácter ilusorio de toda diferenciación. Hay, sin embargo, algunos ejemplos de bienes públicos que gozan de particular aceptación entre el público, como el cuerpo de bomberos, que al apagar un incendio evitan que la casa del vecino sea alcanzada por el fuego, con lo cual éste se beneficia aunque no haya contribuido en absoluto a financiarlo; o la policía, que patrulla las inmediaciones de mi casa e impide así que los ladrones entren en la de al lado, aunque su dueño no coopera para el mantenimiento de ese servicio; o el ejemplo del faro, uno de los preferidos por los economistas, que ayuda al barco a hallar su ruta aunque el dueño de éste no haya aportado nada para su construcción o conservación.

Antes de continuar con la presentación y el examen crítico de la teoría de los bienes públicos, investiguemos hasta qué punto resulta útil la distinción entre bienes privados y públicos para ayudar a decidir cuáles deben ser producidos en forma privada y cuáles por el estado, o con ayuda de éste. Ni siquiera el análisis más superficial podría dejar de señalar que si se utiliza el supuesto criterio de no exclusión, en lugar de encontrar una solución razonable, se originarían grandes dificultades. Por lo menos a primera vista parecería que algunos de los bienes y servicios provistos por el estado podrían calificarse verdaderamente como bienes públicos, pero no se ve con claridad cuántos de ellos, cuya producción está realmente a cargo de aquél, pueden incluirse en esa categoría. Los ferrocarriles, los servicios portales, los teléfonos, las calles y otros por el estilo, parecen ser bienes cuyo uso puede ser limitado a las personas que los financian, por lo cual se manifiestan como bienes privados. Lo mismo puede decirse sobre muchos aspectos de un bien tan polifacético como la “seguridad”: cualquier cosa pasible de ser asegurada puede calificarse como un bien privado. Con todo, esto no basta, ya que, así como hay un sinnúmero de bienes provistos por el estado que parecen ser en realidad privados, también existen muchos, producidos en forma privada, que podrían incluirse en la clase de los bienes públicos. Es obvio que mis vecinos pueden disfrutar contemplando los rosales de mi jardín, con lo cual se benefician sin haberme ayudado jamás a cuidarlos. Lo mismo puede decirse de todas las mejoras que yo haya hecho en mi propiedad, que al mismo tiempo han aumentado el valor de las aledañas. La actuación de un músico callejero proporciona placer incluso a aquellos que no depositan una moneda en su gorra. Los pasajeros que viajan conmigo en el ómnibus no me han ayudado a comprar mi desodorante. Y todos aquellos que se relacionan conmigo son beneficiarios de los esfuerzos que he realizado, sin su aporte económico, para convertirme en una persona digna de aprecio. Entonces, todos esos bienes que poseen evidentemente características de bienes públicos -los rosales de mi jardín, las mejoras en mi propiedad, la música callejera, el desodorante, el perfeccionamiento personal-, ¿debe ser provistos por el estado, o con ayuda de éste?

Todos estos ejemplos indican que hay un serio error en la teoría según la cual los bienes públicos no pueden ser producidos en forma privada sino que requieren la intervención del estado. Es obvio que el mercado puede producirlos. Mas aun, la evidencia histórica demuestra que todos los denominados bienes públicos cuya producción está ahora a cargo del estado fueron en otros tiempos provistos por la empresa privada, y aún lo son hoy en día en algunos países. Por ejemplo, los servicios postales se financiaban en forma privada prácticamente en todas partes; las calles eran privadas (todavía siguen siéndolo en algunos lugares); hasta los famosos faros fueron antaño fruto de la iniciativa privada; existen fuerzas de policía, detectives y árbitros privados, y tradicionalmente las organizaciones caritativas privadas han velado por los enfermos, los pobres, los ancianos, los huérfanos y las viudas. Por lo tanto, la experiencia desmiente una y cien veces que todas esas cosas no puedan producirse en un sistema de mercado.

Además, surgen otras dificultades cuando se utiliza la distinción entre bienes públicos y privados para decidir qué es lo que se deja librado al mercado. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la producción de bienes públicos tuviera consecuencias negativas, y no positivas, para otras personas, o si las consecuencias fueran positivas para algunos y negativas para otros? ¿Qué pasaría si el vecino cuya casa se salvó del fuego por la intervención de los bomberos que yo contribuí a financiar hubiese deseado que se quemara (tal vez porque estaba asegurada en una suma importante); o si mis vecinos detestaran las rosas o los que viajan conmigo en el ómnibus encontraran desagradable el perfume de mi desodorante? Además, los cambios tecnológicos pueden modificar el carácter de un bien determinado. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el desarrollo de la televisión por cable, que ha transformado en privado un bien que antes era (aparentemente) público. Las modificaciones en las leyes que rigen la propiedad -la asignación de la propiedad- pueden tener un efecto similar al cambiar el carácter de un bien público o privado. Por ejemplo, el faro sólo es un bien público en la medida en que el mar en el que se encuentra es de propiedad pública (y no privada). Pero si se permitiera la privatización de algunos sectores del océano, tal como sucedería en un sistema puramente capitalista, sin duda sería posible excluir de los beneficios que proporciona el faro a los que no pagaran por ellos, porque su luz tiene un alcance limitado.

Dejemos este nivel de análisis un tanto superficial y examinemos con más detalle la distinción entre bienes públicos y privados; descubriremos así que resulta ser totalmente ilusoria. La causa fundamental de que haya tanto desacuerdo en cuanto a la clasificación de un bien dado es que no existe una dicotomía inequívoca. Todos los bienes son más o menos privados o públicos, y el grado en que lo son puede cambiar -de hecho, lo hace constantemente- según se van modificando los valores y las evaluaciones de las personas y va cambiando la composición de la población. Para reconocer que los bienes no pueden ser incluidos de una vez y para siempre en una u otra categoría, sólo hay que recordar qué es lo que convierte a una cosa en un bien. Para que lo sea, alguien tiene que considerarlo escaso y tratarlo como tal. Esto significa que una cosa no es un bien en sí misma sino que sólo lo es para alguien. Únicamente adquiere la condición de bien si una persona la evalúa subjetivamente como tal. De esto se deprende que, si las cosas nunca son bienes en sí mismas -si su condición de bienes económicos no puede determinarse por un análisis fisicoquímico-, es obvio que no existe un criterio invariable para clasificar un bien como privado o público. Los bienes nunca pueden ser una cosa u otra en sí mismos. Su carácter público o privado depende de cuántas o cuán pocas personas los consideran como bienes, y el grado en que son públicos o privados varía a medida que lo hacen las evaluaciones y va desde uno hasta el infinito. Aun aquellas cosas que, al parecer, son absolutamente privadas, como el interior de mi departamento o el color de mis prendas íntimas, pueden convertirse en bienes públicos si despiertan el interés de alguien. Y a la inversa, bienes aparentemente públicos, como la fachada de mi casa o el color de mi overol, pueden llegar a ser muy privados apenas otras personas dejan de interesarse por ellos. Además, las características de un bien pueden cambiar una y otra vez; incluso puede dejar de se un bien público o privado para convertirse en un mal, público o privado, o viceversa; esto sólo depende de cómo cambien las consideraciones acerca de él. Siendo así, no es posible basar ninguna decisión sobre la clasificación de un bien como público o privado. En realidad, para hacerlo sería necesario preguntar virtualmente a cada persona si le interesa o no cada uno de los bienes en particular -en forma positiva o negativa, e incluso hasta qué punto- para determinar quién se beneficiaría con qué y, en consecuencia, quién participaría de la financiación del bien. (¿Y cómo saber si dicen la verdad?) También sería necesario controlar permanentemente los cambios que se producen en las evaluaciones, con lo cual jamás se podría tomar una decisión definitiva con respecto a la producción de nada, y como resultado de esta teoría sin sentido estaríamos todos muertos desde hace mucho tiempo.

Pero aun si pasáramos por alto todas estas dificultades y admitiéramos, en beneficio del argumento, que la distinción entre bienes públicos y privados es aplicable al agua, aquel no probaría lo que supuestamente debe probar. No proporciona razones concluyentes de por qué los bienes públicos -suponiendo que existan como una categoría separada de bienes- deberían ser producidos en modo alguno, ni de por qué debería producirlos el estado y no la empresa privada. La teoría de los bienes públicos, introduciendo la distinción conceptual referida dice en esencia esto: El hecho de que los bienes públicos tengan efectos positivos para las personas que no contribuyen en absoluto a producirlos o financiarlos demuestra que dichos bienes son deseables. Pero es evidente que no serían producidos en un mercado libre y competitivo, o por lo menos no en cantidad y calidad suficientes, porque ninguno de los que se beneficiarían con su producción contribuiría económicamente a ella. Por lo tanto, para que sea posible producir esos bienes (que, aunque evidentemente deseables, no serían producidos de otro modo) el estado debe intervenir y prestar su ayuda. Un razonamiento como éste, que puede encontrarse en casi todos los textos de economía (incluso en los de algunos laureados con el premio Nobel), es totalmente erróneo, y lo es en dos aspectos.

En primer lugar, para llegar a la conclusión de que el estado debe proveer bienes públicos que de otro modo no se producirían es preciso introducir una norma de contrabando en la cadena de razonamientos, porque si no, partiendo de la afirmación de que algunos bienes, por ciertas características especiales que poseen, no serían producidos, no podría inferirse jamás que deberían serlo. Pero al introducir esta norma para justificar su conclusión, los teóricos de los bienes públicos han traspasado los límites de la economía como ciencia positiva, wertfrei, para entrar en el ámbito de la moral o de la ética; en consecuencia podría esperarse que enunciaran una teoría de la ética como disciplina cognoscitiva, para legitimar lo que están haciendo y extraer su conclusión de manera justificada. Sin embargo, nunca se podrá destacar los suficiente el hecho de que en toda la bibliografía existente acerca de los bienes públicos no hay una sola mención de algo que se parezca siquiera vagamente a una teoría cognoscitiva de la ética. Por eso, es necesario aclarar desde el vamos que los teóricos de los bienes públicos están haciendo un mal uso del prestigio que podrían tener como economistas positivos por sus pronunciamientos respecto de temas en los cuales, como sus propios trabajos lo indican, carecen en absoluto de autoridad. ¿Es que, quizá, dieron accidentalmente con algo correcto, sin fundamentarlo en una teoría moral elaborada? Se hace evidente que nada podría estar más lejos de la verdad apenas se pronuncia en forma explícita la norma necesaria para llegar a la conclusión de que el estado debe ayudar a proveer bienes públicos. La norma es ésta: Toda vez que se demuestre de algún modo que la producción de un bien o servicio particular tiene un efecto positivo sobre alguien, pero no se lo puede producir en absoluto, o no se lo puede producir en una cantidad o con una calidad definida a menos que ciertas personas participen en su financiación, está permitido ejercer violencia contra ellas, sea en forma directa o indirectamente con la ayuda del estado, y esa personas deben ser compelidas a compartir las obligaciones financieras necesarias. No hace falta aclarar que la implementación de esta regla conduciría al caos, porque equivale a decir que cualquiera puede atacar a otro cuando le parezca. Mas aún, como lo he demostrado en detalle en otro trabajo (From The Economics of Laissez Faire to the Ethics of Libertarianism), esta norma nunca puede ser considerada como justa. Este tipo de razonamiento, en realidad todo razonamiento, en favor o en contra de cualquier posición, sea ésta moral o no, sea empírica o lógico-analítica, debe dar por sentado que, a la inversa de lo que dice realmente la norma, queda asegurada la integridad de cada individuo como una unidad físicamente independiente para la toma de decisiones. Sólo se puede afirmar algo, y después llegar a un posible acuerdo o desacuerdo al respecto, si cada uno está libre de agresión física por parte de otro. Por lo tanto, el principio de no agresión es la precondición necesaria para el debate y el posible acuerdo y por eso se lo debe defender racionalmente como una norma justa por medio de un raciocinio a priori.

Pero el razonamiento defectuoso que implica la teoría de los bienes públicos no es la única causa de su fracaso. Incluso el raciocinio utilitario, económico, contenido en el argumento es evidentemente erróneo. Bien podría ser que, como lo sostiene la teoría, fuera mejor tener bienes públicos que no tenerlos, aunque no debemos olvidar que no existe una razón a priori por la cual deba ser necesariamente así (en tal caso, el razonamiento de los teóricos de los bienes públicos terminaría aquí mismo). Es muy posible (en realidad es un hecho comprobado) que existan anarquistas cuyo rechazo por la acción estatal llegue a tal punto que prefieran no tener los denominados bienes públicos a tenerlos provistos por el estado. Sea como fuere, aun si aceptamos el argumento hasta este punto, una cosa es afirmar que los bienes públicos son convenientes y otra muy distinta sostener que, por lo tanto, debe proveerlos el estado; esto no es convincente en absoluto, ya que la elección que se nos plantea no es ésta. En vista de que es preciso retirar dinero u otros recursos de posibles usos alternativos para financiar bienes públicos que supuestamente son convenientes, la única pregunta pertinente y apropiada es si estos usos alternativos que se habrían dado al dinero (es decir, los bienes privados que se habrían podido adquirir pero que ya no es posible comprar porque el dinero se gastó en bienes públicos) son más valiosos -más urgentes- que los bienes públicos. Y la respuesta a esta pregunta es bien clara. Desde el punto de vista del consumidor, por alto que sea el nivel absoluto de los bienes públicos, su valor es relativamente más bajo que el de los bienes privados que compiten con ellos, porque si los consumidores pudieran elegir libremente (en lugar de que se les imponga una alternativa), por supuesto habrían preferido gastar de otro modo su dinero (de lo contrario no habría sido necesario usar la fuerza). Esto demuestra, más allá de toda duda, que los recursos empleados en la provisión de bienes públicos se malgastan, porque lo que se provee a los consumidores es, a lo sumo, bienes y servicios de importancia secundaria. En resumen, aun asumiendo que existiesen bienes públicos claramente distinguibles de los privados, y si se pudiera garantizar la utilidad de determinado bien, los bienes públicos deberían competir con los privados. Existe un solo método para descubrir si son más necesarioss -urgentes- o no, y hasta qué punto o, mutatis mutandis, si se los debe producir a expensas de no producir, o producir en menor cantidad, bienes privados más urgentes, y hasta qué punto: permitiendo que todas las cosas sean provistas mediante la libre competencia entre empresas privadas. De ahí que, contrariamente a lo que afirman los teóricos de los bienes públicos, la lógica nos obliga a aceptar la conclusión de que sólo un sistema de mercado libre puede salvaguardar la racionalidad, desde el punto de vista de los consumidores, de la decisión de producir un bien público. Y sólo en un orden puramente capitalista se puede asegurar que la decisión acerca de la cantidad que se debe producir (si es que se debe producir algo) será también racional. Para que el resultado fuese diferente haría falta una revolución semántica de características verdaderamente orwellianas. Los teóricos de los bienes públicos sólo podrían “demostrar” que cuando alguien dice “no”, en realidad quiere decir “si”, que cuando una persona “no compra una cosa” es porque la prefiere a cualquier otra, que la “violencia” realmente significa “libertad”, que “no hacer un contrato” implica “contratar”, etcétera. Pero en este caso, ¿cómo podríamos estar seguros de que realmente quieren decir lo que parecen decir cuando dicen lo que dicen y no quieren significar exactamente lo contrario, o incluso dicen algo que tiene un sentido definido pero no hacen otra cosa que parlotear? El caso es que no podemos saberlo. En consecuencia, M.N. Rothbard está totalmente en lo cierto al hablar de los esfuerzos que hacen los ideólogos de los bienes públicos para probar la existencia de lo que denominan fallas del mercado debido a la falta de producción de bienes públicos, o a una producción cuantitativa o cualitativamente “deficiente” de éstos. Escribe que “un punto de vista como éste interpreta de manera incorrecta la aseveración de la ciencia económica de que la acción del mercado libre es siempre óptima. No lo es desde la perspectiva de la ética personal de un economista, sino desde la de las acciones libres, voluntarias, de todos los participantes, y porque satisface las necesidades libremente expresadas de los consumidores. Por ende, la interferencia gubernamental siempre, y de modo inevitable, alejará esa acción de su punto óptimo”.

En realidad, los argumentos con los que se intenta probar las fallas del mercado son claramente absurdos. Si se prescinde de la jerga técnica, lo único que demuestran es esto: un mercado no es perfecto y se caracteriza por regirse por el principio de no agresión impuesto en condiciones signadas por la escasez; de este modo, aquellos bienes o servicios que solo podrían producirse si la agresión estuviera permitida, simplemente no se producen. Muy cierto. Ningún teórico de la economía de mercado se atrevería a negarlo. Pero, y esto es fundamental, esta “imperfección”del mercado es defendible, tanto en el aspecto moral como en el económico, mientras que las supuestas “perfecciones” de los mercados que preconizan los teóricos de los bienes públicos no lo son. También es cierto que si el estado abandonara la práctica corriente de proveer bienes públicos, se producirían algunos cambios en la estructura social existente y en la distribución de la riqueza, y no hay duda se que esta reorganización acarrearía privaciones a algunas persona. Precisamente a esto se deba la resistencia de gran parte del público a una política de privatización de las funciones estatales, aunque ésta incrementaría la riqueza total a largo plazo. Sin embargo, este hecho sin duda no puede aceptarse como argumento válido para demostrar el fracaso de los mercados. Si a un hombre se le permitía golpear a otros en la cabeza y a partir de cierto momento se le impide hacerlo, lógicamente se sentirá perjudicado, pero esto no puede aceptarse como excusa válida para mantener las antiguas reglas (que lo autorizaban a golpear). Si bien ha sido afectado, esto significa que se ha sustituido un sistema en el que algunos consumidores tienen derecho a determinar en qué casos a otros no se les permite comprar en forma voluntaria lo que desean con medios legítimamente adquiridos y de los cuales disponen, por otro en el que todos tienen igual derecho a decidir qué bienes se deben producir y en qué cantidad. Por cierto, desde la perspectiva de todos, como consumidores voluntarios, esta sustitución es preferible y beneficiosa.

La fuerza del razonamiento lógico, pues, nos lleva a aceptar la conclusión de Molinari de que, para beneficio de los consumidores, todos los bienes y servicios deben ser producidos por los mercados. Es falso que haya categorías de bienes claramente diferenciables cuya existencia haría necesaria un corrección especial a la tesis general sobre la superioridad económica del capitalismo; aun si existieran, no sería posible encontrar una razón específica por la cual esos bienes públicos, supuestamente especiales, no deberían ser producidos por empresas privadas, puesto que invariablemente entran en competencia con los bienes privados. En realidad, la mayor eficiencia de los mercados en comparación con el estado en lo que respecta a aun número creciente de bienes presuntamente públicos es cada vez más evidente a pesar de la propaganda de los teóricos de los bienes públicos. Nadie que hiciera un estudio serio acerca de estos temas podría negar, ante la experiencia de todos los días, que los mercados pueden producir en la actualidad servicios postales, ferrocarriles, electricidad, teléfonos, educación, dinero, caminos, etcétera, con más eficiencia que el estado, es decir, satisfaciendo mejor las preferencias de los consumidores. Sin embargo, las personas rehuyen la intervención del mercado en un sector en el cual la lógica indica que se la debe aceptar: en la producción de seguridad. Por eso, me ocuparé a partir de ahora de explicar por qué la economía capitalista tiene un funcionamiento superior en esa área; la superioridad ha quedado ya demostrada desde el punto de vista lógico, pero será más evidente cuando veamos algunos ejemplos que la experiencia aporta al análisis y consideremos el asunto como un problema por derecho propio.

¿Cómo funciona un sistema de productores de seguridad no monopólicos, que compiten entre sí? Es preciso tener bien claro desde el principio que al responder esta pregunta abandonamos la esfera del análisis puramente lógico, por lo cual las respuestas carecerán en forma inevitable del carácter apodíctico de los pronunciamientos sobre la validez de la teoría de los bienes públicos. El problema en este caso es análogo al que tendría que resolver un mercado que tuviese que dedicarse a producir hamburguesas, en especial si hasta ese momento su producción hubiera estado exclusivamente a cargo del estado y por lo tanto no hubiese experiencia previa al respecto. Sólo se pueden dar respuestas tentativas. Es posible que nadie pudiera conocer cómo es exactamente la industria de las hamburguesas: cuantas compañías competidoras debería haber, qué importancia tendría esta industria en comparación con otras, cómo serían las hamburguesas, cuántos tipos diferentes saldrían a la venta y quizá desaparecerían por falta de demanda, etcétera. Nadie conocería todas las circunstancias y los cambios que podrían influir sobre la estructura de esta industria: cambios en la demanda de los distintos grupos consumidores, en la tecnología, en los precios de los diversos bienes que la afectan en forma directa o indirecta, y así sucesivamente. Es preciso destacar que aunque la producción privada de seguridad plantea problemas similares, esto no significa que no se pueda decir nada concluyente. Partiendo de la base de que existen ciertas condiciones generales para la demanda de servicios de seguridad (y estas condiciones son el reflejo, más o menos realista de cómo es el mundo en la actualidad), lo que podemos y debemos decir es que los diversos órdenes sociales de producción de seguridad caracterizados por tener que operar dentro de distintas limitaciones estructurales, responderán de maneras diferentes. Analicemos primero en detalle la producción de seguridad por el estado. De carácter monopólico, porque al menos e este caso disponemos de amplia evidencia con respecto a la validez de las conclusiones; después compararemos este sistema con el que existiría si este modo de producción fuera reemplazado por uno no monopolista. Aunque la seguridad se considere un bien público, debe competir con otros bienes en los que respecta a la asignación de recursos. Lo que se gasta en seguridad ya no se puede gastar en otros bienes que también aumentan la satisfacción del consumidor. Además, la seguridad no es un bien único y homogéneo, sino que también implica protección contra los rateros, los violadores, los que contaminan el ambiente, los desastres naturales, etcétera. Por otra parte, no se produce “en conjunto”, sino que se la puede proveer en unidades marginales. Por añadidura, cada uno asigna una importancia diferente a la seguridad, considerada en su conjunto, y del tiempo y el lugar en que le toca vivir. Entonces, teniendo en cuenta sobre todo el problema económico fundamental que significa la asignación de recursos escasos a fines que compiten entre sí, ¿cómo puede el estado, una organización que no se financia sólo por las contribuciones voluntarias y por la venta de sus productos, sino parcial o totalmente por medio de impuestos, decidir cuánta seguridad debe producir, en cuántos de cada uno de sus innumerables aspectos, a quién proporcionar determinada cantidad de qué producto, y dónde? Y la única respuesta posible es que no hay una manera racional de resolver este problema. Si se la considera desde el punto de vista de los consumidores, la respuesta a sus demandas de seguridad debe considerarse arbitraria. ¿Necesitamos un solo policía, o un solo juez, o cien mil? ¿Hay que pagarles $100 por mes, o $10.000? Los policías, cualquiera que sea su número, ¿deben emplear más tiempo patrullando las calles, persiguiendo ladrones o recuperando objetos robados, o buscando a aquellos que comenten delitos tales como la prostitución, el abuso de drogas o el contrabando? Y los jueces, ¿deben emplear más tiempo y energía en atender casos de divorcio, contravenciones de tránsito, raterías en negocios, o en casos de asesinatos y actos perpetrados contra los monopolios? Es obvio que hay que dar alguna respuesta a estas preguntas porque como vivimos en condiciones de escasez y nuestro mundo no es un paraíso, el tiempo y el dinero que se gasten en una cosa ya no podrán dedicarse a otra. Si bien el estado también debe dar respuesta a estas preguntas, lo hace sin sujeción alguna al criterio que rige las pérdidas y las ganancias. Por eso, su acción es arbitraria e implica necesariamente enormes desperdicios de recursos, desde el punto de vista de los consumidores. Como todos sabemos, los productores de seguridad empleados por el estado producen lo que quieren, independientemente de las necesidades de los consumidores, que son muchas. En lugar de hacer lo que deben, prefieren holgazanear, y si tienen que trabajar se inclinan por las tareas más fáciles o por estar allí donde pueden sentirse poderosos, en lugar de servir a los consumidores. Los oficiales de policía se pasean en los coches patrulleros a la caza de pequeños infractores de tránsito, gastan enormes sumas de dinero en investigación de delitos que no afectan a terceros y que si bien es cierto que desagradan a mucha gente (por ejemplo, a los que no los cometen), también lo es que pocos gastarían su dinero en combatirlos, en la medida en que no los perjudican en forma inmediata. Sin embargo, es notoria la ineficiencia de la policía, pese a los presupuestos cada vez mayores con que cuenta, con respecto a lo que los consumidores necesitan con más urgencia, a saber, la prevención de delitos graves (por ejemplo, los crímenes perpetrados contra las personas), la captura y el castigo efectivo de los criminales, la recuperación del dinero o los objetos robados y la garantía de que las víctimas serán compensadas por sus agresores.

Además, sea cual fuere el desempeño de la policía o de los jueces empleados por el estado, siempre será deficiente porque sus retribuciones son más o menos independientes de las evaluaciones de los consumidores respecto de sus servicios. La arbitrariedad y la brutalidad de la policía y la lentitud de los procesos judiciales son una consecuencia de esto. También es digno de destacarse el hecho de que ni la policía ni e sistema judicial ofrecen a los consumidores nada que se parezca a un contrato de servicio en el que conste en términos inequívocos el procedimiento que se pondrá en marcha en una situación específica. En cambio, ambos actúan en un vacío contractual que con el tiempo los lleva a cambiar en forma arbitraria sus reglas de procedimiento y que explica el hecho, verdaderamente ridículo, de que las controversias en las que participan policías y jueces, por un lado, y ciudadanos privados por el otro, no sean dirimidas por un árbitro independiente, sino por otro policía u otro juez que es también parte interesada en la disputa por se empleado del estado.

En tercer lugar, todo el que haya estado alguna vez en un departamento de policía o en un juzgado, para no hablar de las cárceles, sabe bien que los factores productivos empleados para proveer de seguridad al público están deteriorados por el uso excesivo, mal conservados y sucios. Como ninguno de los que usan esos factores productivos los posee realmente (nadie puede venderlos y apropiarse privadamente del producto de esa venta) y en consecuencia las pérdidas (y las ganancias) del valor incorporado en el capital utilizado quedan socializadas, todos tratarán de incrementar sus ingresos privados resultantes del uso de los factores a expensas de pérdidas en el valor del capital. Por eso, el costo marginal tenderá a sobrepasar cada vez más el valor del producto marginal, de lo que resultará un uso excesivo del capital, esto sólo habría sido posible con costos comparativamente mucho más elevados que los de cualquier empresa privada similar.

Es indudable que todos los problemas inherentes a un sistema que tiene el monopolio de la producción de seguridad se resolverían con relativa rapidez si un mercado competitivo, con su estructura totalmente diferente concebida para incentivar a los productores, se hiciera cargo de una demanda determinada de servicios de seguridad. Esto no significa que se encontraría la solución “perfecta” al problema de la seguridad. Seguiría habiendo robos y asesinatos, y no todos los bienes robados podrían recuperarse ni sería posible capturar a todos los asesinos, pero en lo que respecta a las evaluaciones de los consumidores, la situación mejoraría en la medida en que puede mejorar siendo la naturaleza humana como es. En primer lugar, siempre que haya un sistema competitivo, es decir, siempre que los productores de servicios de seguridad dependan de las adquisiciones voluntarias (que en su gran mayoría tomarán la forma de contratos de servicio y seguro, concertados antes de que se produzca efectivamente un acto de agresión o que se manifieste una inseguridad), ningún productor podrá aumentar sus ingresos sin mejorar sus servicios o la calidad de su producto según la evaluación de los consumidores. Además, todos los productores de seguridad tomados en su conjunto no podrían afirmar la importancia de su industria particular a menos que, por cualquier razón, los consumidores empezaran a valorar la seguridad más que otros bienes, con lo cual asegurarían que la producción de seguridad no se llevaría a cabo nunca y en ningún lugar a expensas de la no producción (o de la producción reducida) de, por ejemplo, queso, como bien privado competitivo. Por añadidura, los productores de servicios de seguridad deberían diversificar sus ofrecimientos en un grado considerable, porque la demanda de sus productos por parte de millones de consumidores es muy variada. Como dependerían directamente del apoyo de éstos, si no respondieran del modo adecuado a sus necesidades, o a los cambios en esas necesidades, sufrirían inmediatamente un perjuicio financiero. Por lo tanto, cada consumidor ejercería una influencia directa, aunque pequeña, sobre la aparición o desaparición de productos en el mercado de la seguridad. Esto ofrecería un sinnúmero de servicios a cada uno, en lugar del “paquete de seguridad” uniforme que brinda el estado. Y esos servicios estarían adaptados a los distintos requerimientos de de seguridad de los diferentes consumidores, según sus ocupaciones, su conducta más o menos arriesgada, sus necesidades de protección y seguros, y también sus circunstancias geográficas y la urgencia que manifiesten.

Por supuesto, esto no es todo. Los productos no sólo se diversificarían, sino que mejorarían en cuanto a cantidad y calidad. Estas empresas privadas brindarían a sus clientes una esmerada atención y desaparecerían la desidia, la arbitrariedad e incluso la brutalidad, la negligencia, la lentitud que caracterizan a la policía y al sistema judicial del estado. Los policías y los jueces dependerían del apoyo voluntario de los consumidores, por lo cual el maltrato, la descortesía y la ineptitud hacia éstos podrían costarle sus empleos. Casi seguramente se daría el fin a la costumbre tan peculiar de que la conciliación de las controversias entre un cliente y una empresa se confíe invariablemente al dictamen de esta última, y los productores de seguridad encargarían la resolución a árbitros independientes, lo que es más importante, los productores de esos servicios deberían ofrecer, con el fin de atraer y retener a los consumidores, contratos por los cuales éstos pudieran saber con exactitud lo que están adquiriendo y que les permitieran plantear reclamaciones válidas, sujetas a comprobación intersubjetiva, si el desempeño real del productor se seguridad no se ajustara a lo especificado en el contrato. Más precisamente, como no se trataría de contratos de servicios individualizados en los cuales el consumidor paga para que se cubran sólo sus propios riesgos, sino más bien contratos de seguros propiamente dichos, mancomunados, a la inversa de lo que ocurre en la política estatal vigente, ya no contendrían ningún esquema redistributivo concebido adrede para favorecer a un grupo a expensas de otro. Si por otra parte, alguien considerara que el contrato que se le ofrece implica que debe pagar los riesgos y necesidades de otras personas -por ejemplo, por factores de posible inseguridad que no estima aplicables a su caso personal-, simplemente podría rehusarse a firmarlo o dejar de pagar.

No obstante, después de todo lo dicho surge en forma inevitable un interrogante: “¿Un sistema competitivo de producción de seguridad tendría como consecuencia necesaria el conflicto social permanente, el caos y la anarquía?” Las respuestas pueden ser varias. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que la evidencia histórica, empírica, no concuerda en absoluto con esta impresión. Antes del advenimiento del estado-nación hubo en diversos lugares sistemas judiciales competitivos (por ejemplo, en la antigua Irlanda o en los tiempos de la Liga Hanseática) y, por lo que sabemos, funcionaron bien. A juzgar por los índices de criminalidad existentes en la época (crímenes per cápita), la policía privada en el Salvaje Oeste (que, entre paréntesis, no era tan salvaje como lo muestran algunas películas) era relativamente más eficaz que la policía estatal de nuestros días. Y si nos remitimos a la experiencia y a los ejemplos contemporáneos, incluso ahora existen millones de relaciones internacionales -comerciales y turísticas- y realmente sería una exageración decir, por ejemplo, que el fraude, el crimen y el incumplimiento de los contratos son mayores en esta esfera que en las relaciones internas de cada país. Y esto (es importante destacarlo) sin que haya un productor monopólico en materia de seguridad ni un legislador supremo. Por último, no debemos olvidar que en muchos países existen diversos productores de seguridad privados que actúan paralelamente al estado: investigadores privados, detectives de seguros y árbitros privados, cuyo trabajo demuestra que son más eficientes en o que respecta a resolver los conflictos sociales que sus contrapartes públicas.

Toda esta evidencia histórica está, sin embargo, sujeta en gran medida a discusión, sobre todo respecto de si puede extraerse de ella alguna información general. Pero también existen razones sistemáticas por las cuales el temor que suscita esta cuestión carece de un fundamento válido. El establecimiento de un sistema competitivo de productores de seguridad implica, por paradójico que esto parezca, la construcción de una estructura de incentivos institucionalizada para producir un orden legal y de observancia forzosa de las leyes que entrañe el mayor grado de consenso posible con respecto a la resolución de las controversias. Esto generaría menos intranquilidad social y conflicto que las condiciones monopólicas imperantes. Para entender esta paradoja es preciso considerar más a fondo la única cuestión típica que preocupa a los escépticos y os lleva a creer en la superioridad de un sistema monopólico de producción de seguridad: cuando surge un conflicto entre A y B, ambos están asegurados por compañías diferentes y éstas no pueden llegar a un acuerdo inmediato sobre la validez de las demandas opuestas que plantean sus respectivos clientes. (El problema no existiría si se alcanzara un acuerdo o si ambos clientes fueran asegurados por la misma compañía; por lo menos, esto no diferiría en absoluto de la situación emergente en condiciones de monopolio estatal.) ¿Una situación semejante tendría siempre un desenlace violento? Es muy improbable que así sea. Primero, cualquier lucha violenta entre empresas conllevaría un costo y un riesgo muy altos, sobre todo si han alcanzado u prestigio considerable (como deberían tenerlo para que sus futuros clientes puedan verlas en primer lugar como garantes efectivas de su seguridad). Lo que es más importante, en un sistema competitivo, los costos de cualquier conflicto entre compañías que dependen de la continuación de los pagos voluntarios de los consumidores tendrían que recaer forzosamente sobre todos y cada uno de los clientes de ambas. Bastaría que una sola persona dejara de pagar porque no está convencida de la necesidad de una confrontación violenta en el caso particular de que se trata para que hubiese una inmediata presión económica sobre la compañía que la obligaría a buscar una solución pacífica al conflicto. De ahí que cualquier productor de seguridad en un sistema competitivo debería ser muy cauto en lo que respecta a tomar medidas violentas para resolver las controversias. En lugar de hacerlo, y puesto que lo que los consumidores desean es que los litigios se resuelvan en forma pacífica, todos y cada uno de los productores de seguridad harían cuanto pudiesen para ofrecer esto a sus clientes y para establecer por anticipado de modo que no quedasen dudas, el proceso de arbitraje al que se someterían, ellos y sus clientes, en caso de desacuerdo acerca de la evaluación de demandas incompatibles. Los clientes de las distintas compañías considerarían que u esquema semejante sólo podría funcionar si todos ellos estuvieran de acuerdo con respecto a las medidas arbitrales, por lo cual se desarrollaría naturalmente un sistema legal que regiría las relaciones entre compañías y sería aceptable para los clientes de todas las firmas competitivas, sin excepciones. Por otra parte, así aumentaría más aun la posibilidad de que si se produjeran presiones económicas que generasen reglas representativas del consenso acerca del modo de dirimir las controversias. En un sistema competitivo, los árbitros independientes encargados de encontrar soluciones pacíficas a los litigios estarían supeditados al apoyo continuado de las dos compañías en disputa, puesto que cualquiera de ellas podría recurrir a un juez diferente, y por supuesto lo haría si estuviera insatisfecha con la sentencia dictada. Por lo tanto, estos jueces se sentirían presionados para encontrar soluciones (en este caso, no con respecto al procedimiento sino al contenido de la ley) que fuesen aceptables para todos los clientes de las firmas en disputa. Si no fuera así, una compañía, o todas, podrían perder clientes, lo que las llevaría a buscar otros árbitros la próxima vez que los necesitasen. Sin embargo, ¿no sería posible que en un sistema competitivo una compañía productora de seguridad se pusiera fuera de la ley, es decir que, con el apoyo de sus propios clientes comenzara a agredir a otras? Por supuesto, no se puede negar que tal posibilidad existe, pero digamos nuevamente que nos encontramos en la esfera de la ciencia social empírica y nadie puede saber con certeza si es así. Y sin embargo, la sugerencia tácita de que la posibilidad de que esto ocurra indica de algún modo una grave deficiencia en los fundamentos filosóficos y económicos de un orden social puramente capitalista, es falsa.

Ante todo, recordemos que la existencia continuada de cualquier sistema social, no menos de un orden estatista-socialista que de una pura economía de mercado, depende de la opinión pública, y que en todo momento un estado determinado de esa opinión pública delimita lo que puede y lo que no puede ocurrir, así como lo que es más o menos probable que ocurra. Por ejemplo, el estado actual de la opinión pública en Alemania occidental hace sumamente improbable, o aun imposible, que se pueda imponer allí un sistema estatista similar al soviético. La falta de apoyo público lo condenaría al fracaso y lo destruiría. Y sería aun más improbable que un sistema de ese tipo pudiera instituirse en los Estados Unidos, dadas las características de la opinión pública en ese país. Por lo tanto, si queremos comprender correctamente el problema de las compañías que podrían situarse al margen de la ley, tenemos que formular la cuestión en estos términos: ¿Qué probabilidad existe de que un hecho semejante pueda producirse en una sociedad dada, con un estado específico de la opinión pública? La respuesta auna pregunta expresada de esta manera será diferente según las distintas sociedades. En algunas, que se caracterizan por el profundo arraigo de ideas de corte socialista, la posibilidad de que surjan compañías que lleven a cabo políticas agresivas será mayor, y en otras sera mucho menos probable que esto ocurra. Pero entonces, la perspectiva de un sistema competitivo de producción de seguridad en cualquier caso dado sera mejor o peor que la continuación de un sistema estatista? Veamos, por ejemplo, el caso de los Estados Unidos en el presente. Supongamos que el estado aboliera su derecho a proporcionar seguridad a cambio del pago de impuestos e introdujera un sistema de seguridad competitivo. Dado el estado actual de la opinión pública ¿qué probabilidad existiría de que surgieran proveedores al margen de la ley, y que sucedería en ese caso? Como es obvio, la respuesta depende de las reacciones de la gente a este cambio en la situación. Por lo tanto, lo primero que habría que replicar a quienes objetan la idea de un mercado privado en lo que respecta a la seguridad, sería: “¿Y qué va a hacer usted? ¿Cuál va a ser su reacción? ¿Su temor a las compañías que se autoproscriben significa que entraría en tratos con un productor de seguridad que agrediera a otros y a su propiedad, y que usted seguiría apoyándolo si lo hiciera?” Por cierto, cualquier crítica sería acallada por un contraataque así. Pero más importante que esto es el desafío sistemático implícito en este contraataque personal. Es evidente que el cambio de situación descripto implicaría una transformación en la estructura de costo-beneficio que cada uno debería enfrentar una vez tomada su decisión. Antes de la introducción de un sistema competitivo de producción de seguridad, podría ser legal participar en un sistema agresivo y sustentarlo. Ahora, esa actividad se convierte en ilegal. Por lo tanto, dado que el hombre posee una conciencia que hace que las decisiones que toma sean más o menos costosas, es decir, estén más o menos en armonía con los principios personales respecto de lo que es una conducta correcta, el apoyo a una compañía que explota a aquellos que no desean secundar voluntariamente sus acciones puede ser más costoso ahora que antes. Dado que es así, se debe presumir que la cantidad de personas, entre ellas las que en otras circunstancias se habrían apresurado a apoyar al estado, dispuestas a gastar dinero para sustentar a una compañía que procede con honestidad sería cada vez mayor, e iría en aumento en todos los lugares en los que se llevara a cabo un experimento social semejante. Por el contrario, el número de aquellos que están de acuerdo con una política de explotación, en la cual unos ganan a expensas de otros, disminuiría. Por supuesto, el grado de rigurosidad de este efecto dependería del estado de la opinión pública. En el ejemplo que hemos tomado -el de los Estados Unidos, donde la teoría natural de la propiedad está ampliamente difundida y aceptada como una ética privada y la filosofía del libre albedrío es, esencialmente, la filosofía fundacional del país y la que lo ha llevado al lugar que ocupa en el mundo-, el efecto es naturalmente muy acentuado. De acuerdo con esto, las compañías productoras de seguridad comprometidas con la filosofía de proteger y hacer valer la doctrina del libre albedrío atraerán la mayor parte del apoyo público y de la ayuda financiera. Y si bien es cierto que algunas personas, sobre todo las que se han beneficiado con el antiguo estado de cosas, pueden continuar respaldando una política de agresión, es muy improbable que su número y su poder financiero sean suficientes como para que lo hagan con éxito. En cambio, es casi seguro que las compañías honestas desarrollarán la fuerza necesaria -por sí solas o en un esfuerzo conjunto que será apoyado por sus propios clientes voluntarios- para poner freno a la aparición de posibles productores rebeldes y destruirlos dónde y cuando aparezcan.











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