miércoles, 4 de septiembre de 2013

El relato neopopulista sobre la izquierda y la derecha: un pueblo redistribucionista versus un empresariado patrimonialista



Las siguientes reflexiones son parte de un comentario que hice a un artículo de Agustín Laje titulado "En torno a la derecha y la izquierda (respuesta a Gargarella)" y que, convertido a su vez en artículo, espero pueda servir de complemento a aquel. En tal sentido este artículo que ahora escribo puede considerarse una segunda respuesta a Roberto Gargarella. 

Coincido con Laje en que la definición de la izquierda y la derecha por parte de Gargarella es tramposa (a un extremo tan evidente que se torna bizarro), pero sin embargo creo que no lo es sólo por su simpleza o porque su carácter sea más persuasivo que operativo. No es que niegue que así sea, pero cabe reflexionar por qué una definición más persuasiva que operativa es, en la retórica ideológica y a los efectos de persuadir, realmente operativa. Esto es lo importante. Su fuerza reside, a mi juicio, en el hecho de que encierra dos trampas en una, y creo que esto es lo que se pasa por alto (y por lo cual se pasa por alto). Voy a comentar por separado las dos cuestiones tratadas por este autor en el breve párrafo citado, y creo que no será luego difícil probar el carácter falaz de dicho tratamiento. Cabe aclarar que Gargarella no inventó la pólvora: simplemente la usa en forma tosca y sin intentar camuflarla. Y eso ayuda mucho para que sea vea de qué está hecha. Veamos nuevamente la definición que Laje cita de Gargarella en su artículo:
Una medida es ‘de izquierda’ cuando contribuye a la democracia económica (aumentar la participación de los obreros en las ganancias de las empresas); cuando sirve a la democracia política (más participación y control del pueblo en los asuntos públicos); o cuando ayuda al fortalecimiento de derechos humanos básicos (terminar con la tortura en las cárceles). Diré entonces que una medida es ‘de derecha’ cuando ella se orienta hacia fines contrarios a los citados (favorece a una minoría económicamente poderosa; ayuda a concentrar el poder político; violenta derechos humanos básicos).
Primera observación: si por definición de izquierda vamos a tomar el igualitarismo conseguido por vías democráticas (presuponiendo que el pueblo prefiere eso a una más justa o a una más eficiente distribución de los recursos de acuerdo a criterios menos arbitrarios que la mera igualdad), entonces no habría –como bien dice Agustín– izquierda alguna en los regímenes socialistas conocidos, y el gran conflicto ideológico entre dos sistemas socioeconómicos que dividió el siglo XX sería la guerra entre una derecha liberal-capitalista y una derecha estatal-socialista.

Fijémonos que con esta definición igualitarista tampoco se resuelve el problema del bienestar popular: una empresa que produce menos y gana menos, a un mismo nivel de salarios necesariamente aumenta la tasa de participación de los obreros en los ingresos de la misma, o sea: una situación donde el obrero fuera más pobre podría llegar a ser de izquierda y "buena" (y eso sólo porque perjudicaría a una minoría y la haría económicamente menos "poderosa"). El igualitarismo maoísta de la Camboya de Pol Pot sería derechista y "malo", porque violaría en masa derechos humanos básicos, pero de “izquierda” porque aumentaría la participación del trabajador camboyano en el PBI (análogamente Chomsky llamaba a dicho régimen un "fascismo de arrozal" incluso en ausencia de cualquier forma de capitalismo, cosa que quiebra el sentido de la retórica izquierdista sobre el fascismo). Como puede notarse, la propia definición de Gargarella puede entrar en contradicción consigo misma con mucha facilidad. La tutelada "democracia" iraní no lo sería menos si por elecciones libres el pueblo decidiera democratizar la tortura contra estudiantes disidentes o los castigos físicos contra mujeres infieles, participando en las mismas, o bien haciendo más crueles sus métodos.

La segunda observación, la más importante que hay que hacer respecto a la definición gargarelliana, es la de la cuestión de la “democracia económica”, estribillo cuya refutación lograba irritar hasta a Mises.
Hablar de "democracia política" y de "democracia económica" es una trampa semántica. Democratizar algo es ya transformarlo en un asunto público y político, es gobernarlo, como aclara intuitivamente José Benegas en uno de sus artículos. Un liberal no tendría mayor problema en aceptar que lo que ya es estatal (o, mejor dicho, que lo que debe ser político-estatal por razones éticas o prácticas) sea administrado mejor democráticamente que autocráticamente.*

Ahora bien, cosa distinta a la política es la economía, en caso de que la misma no se encuentre “gobernada” (y si lo estuviera ya no sería propiamente economía). Si alguien crea una empresa que crece, vía actividad empresarial por su utilidad, y obtiene un capital mayor y un número mayor de asalariados, dicha empresa de un tamaño mayor que el de su propietario no es prueba de que sea fruto del esfuerzo no retribuido de un número mayor de personas. La empresa no es resultado de una “autocracia” que por medios políticos se apropió de los trabajadores o de su trabajo y así armó su capital. Sencillamente no hay “cracia” de ningún tipo que sea la que determinó su existencia, y la administración interna (gestión patronal incluida) es posterior a la creación de la empresa y limitada a la misma. Una empresa capitalista no se crea a posteriori de un secuestro, ni convierte en rehenes a quienes allí van a trabajar.
Si entendemos “democracia” por su verdadero significado político, y queremos “democratizar” una empresa, lo que habría que hacer es estatizar la empresa (incluso a costa de sus trabajadores) y asegurarse de que el pueblo por entero pueda administrarla a pesar del restrictivo embudo de información que significa para la representación del pueblo un gobierno de un presidente y unas decenas de legisladores, en un país de millones de habitantes que envían sus decisiones a través de un papelito cada cuatro años. 

Ahora bien, incluso si en el ámbito empresarial entendemos por “pueblo” a sus trabajadores, de cualquier manera la “democratización” no deja de ser coercitiva: muchos se apropian, en un acto de fuerza, de algo que hicieron pocos. Y además, esos muchos no mantienen la posesión como un derecho de propiedad que pueden administrar libremente, sino que lo que hacen es una doble expropiación, ya que antes de que la administre el conjunto obrero, han transformado dicha propiedad de privada a colectiva. O sea, los obreros no hicieron un acto de fuerza único para convertirse ellos mismos en accionistas o copropietarios, sino que mantienen una gestión basada en la fuerza que obliga a las partes a someter la empresa a un comité, e incluso someterse ellos mismos a éste (sea este comité el que dispone del cuasi monopolio sindical de la violencia para asegurar su control de la misma, o sea el Estado el que la legitime). Transformado algo en colectivo es así ¿en qué quedó la igualdad de derechos humanos básicos de propiedad entre el creador de la firma y sus expropiadores, y entre los obreros mismos para el control de su parte en la propiedad? 

Una igualdad en la posesión del capital conseguida por medios no patrimoniales sino democráticos (o autocráticos, o cualesquiera sean los detentadores últimos del poder para agregarle al sufijo “cracia”) es una igualdad conseguida a base de una imposición política. O sea: dicha “economía”, antes de haber pasado al “demos” se ha convertido en un asunto político por la fuerza. Y es dicho malabar de ilusionista ideológico el que no nos deja ver que en el concepto de “democracia económica” se ha infiltrado ya la política; que lo que en realidad se está diciendo es: “democracia política sobre la economía”, y sobre una economía que ni siquiera es algo que en forma pública y/o colectiva ha realizado el pueblo en un gran cooperativa voluntaria a escala nacional, sino una suma de agregados individuales a título personal, con sus propiedades privadas y a propio riesgo dentro de un mercado. Mi propiedad, si no viola la ajena, no compete a nadie más que a mí. Es un asunto privado, y no público. Ponerla por la fuerza en una esfera pública, o directamente someterla a la esfera pública de la fuerza (el Estado), implica violentar al propietario y dislocar la propiedad de su origen, esto es, que nadie habría creado dicha propiedad en su forma específica si hubiera sabido que dejaría de serlo.

Si tomamos en serio esta propuesta populista de politización de la sociedad civil, entonces, en una sociedad culturalmente conservadora, se podría favorecer una “democracia social” y, volviendo a un ejemplo anterior similar, participar en forma popular en las elecciones sexuales, dando al pueblo control sobre la administración de las camas de sus habitantes, y prohibiendo así que los homosexuales tuvieran derechos iguales a la elección de sus parejas. No creo que a los progresistas les guste mucho la idea de democratizar estos asuntos. En Suecia u Holanda tal vez sí, pero no en Irán o en Egipto. Me corrijo: en rigor, en casi ningún caso preferirían esta idea: preferirían que fuera un asunto personal y no sujeto a ninguna “democratización” (no suelen incluir entre las personas a los bebés antes de nacer, pero ése es otro tema). Ahora bien, a no confundirse: un liberal podría admitir, y con orgullo, ser de “derecha” (en los términos gargarellianos) al impedir que tres personas le roben a una más rica, y ser de “izquierda” (en los mismos términos) al impedir que una de estas se haga más rica robándole al resto. Nada tiene de “malo” ni de “perverso” el rechazo a la democracia en cuestiones que de suyo no son gobernables porque no son públicas, y que no son públicas porque quienes participan en las mismas no han elegido que así fueran al crearlas.
En una entrevista a Nicolás Márquez una periodista le preguntó a éste algo respecto a que el pueblo poseyera o no bienes a través del Estado, y éste le contestó algo cierto: que las empresas estatales no pueden llegar a ser nunca del pueblo. Pero creo que eso no llega a la raíz del problema, al núcleo filosófico-político que da fuerza a la izquierda en estos menesteres: el problema de las empresas estatales no es que no puedan ser populares; el problema es que son estatales. Y este problema lo sigue siendo incluso si son populares. O, mejor dicho, se agrava todavía más si son populares.
Una empresa estatal, precisamente porque depende de un organismo sostenido sobre el ejercicio de la violencia, no depende de sus consumidores, sino de contribuyentes forzosos; forzosos incluso aunque democráticamente hubieran elegido serlo, e incluso cuando dicha elección hubiera sido unánime. Por eso es un Estado y no un club o cualquier otro tipo de asociación colectiva. Lo que una empresa estatal obtiene, lo obtiene violentando a los miembros de la sociedad en la que opera, sea con o sin el apoyo de los violentados. Que así sea es parte misma de la definición de lo público-estatal, y podría sentar en la misma mesa a Weber y Lenin que, al menos en eso, estarían de acuerdo.

Volviendo a la posición liberal respecto a lo que es “popular”, repito, no hay que confundirse. Cuando, por ejemplo, Tocqueville mostraba características positivas en la “democratización” del bienestar, se refería más bien a la igualación en un ámbito social, y no a la misma conseguida por medios políticos (democráticos o no). Por ejemplo, Estados Unidos fue, en sus orígenes, una suerte de gran “clase media agraria” de familias granjeras, en la que la riqueza estaba “democratizada”, pero no porque por vías políticas un pueblo se hubiera apoderado de las mismas, sino porque la población general tenía una mayor participación estadística en los ingresos; ingresos que por vías privadas esta misma había creado e intercambiado dentro de una sociedad mercantil, cuya división técnica del trabajo todavía no se encontraba centralizada por la industrialización. Esta igualdad era, en un ámbito en concreto, un resultado de la propiedad, y no de la violación de la misma; de la ausencia de democratización política de la sociedad y de presencia de una “democratización” civil muy diferente. Era económicamente “democrática” en un sentido casi metafórico, ya que esta “democraticidad” entendida como mayor igualdad de rentas no tenía ninguna relación con una participación popular en la política con intenciones presupuestas de crear políticas de redistribución, sino que dependía de la “derechista” protección de los derechos de propiedad privada, por entonces incondicionalmente más popular que cualquier “welfare state”.**

En resumen, volviendo pues al comienzo, y cerrando el tema: si “izquierda” es participación popular y/o igualdad sobre cualquier cuestión y por cualquier vía, sin duda con orgullo y sin culpa un liberal puede afirmar ser de “derecha” y estar en contra de dicha democratización y/o igualación, y hacerlo, paradójicamente, en nombre de la igualdad de derechos básicos (noción burguesa si las hay) que el propio Gargarella considera, muy equivocadamente, es monopolio de los socialistas y, no tan equivocadamente, una forma de “izquierda”.

Tal vez el quid de la cuestión sea que, en realidad, el liberalismo no es de derecha, y que las diferentes derechas, las que lo son por principio, están hace mucho ausentes en el diálogo político. Si no fuera así, tal vez, las cosas serían bastante más claras.

  

(*) Si un conjunto humano ya se encuentra gobernado en forma indistinta, y si el aporte a lo gobernado y a la ejecución del gobierno no es obra de particulares sino un de un conjunto abstracto (público) y no de unos pocos sino de todos (democrático), como sucede con las burocracias estatales modernas, entonces es ya una cosa pública y popular, y por ende alguien de derecha con criterios jerárquicos y/o no-igualitaristas podría sin mayores reproches apoyar la democratización de dicho aparato político que, siendo obra y problema de todos, en el acto gobernando por igual a todos y dependiendo del aporte de todos, entonces esté en manos de todos. Por supuesto, una derecha más “pura” y no-liberal –y no me refiero al caso particular de los liberales libertarios– podría argumentar que ni siquiera desea que exista, a escala nacional, tal cosa como una res pública o una individualización mercantil de la sociedad que es su corolario, pero esa es una cuestión que se escapa de este debate: un liberal o un conservador moderado podría afirmar que, siguiendo los criterios de justicia conmutativa aceptados actualmente, la protección “derechista” de la propiedad no tiene nada que objetar al control popular de la política, antes al contrario, no hacerlo sería impropio e inadecuado; ésta afirmaría que, sea justo o no que tal o cual espacio sea público e involucre a todos, si no se puede evitar que lo sea, es preferible que esté en manos de los mismos involucrados.

(**) La cultura “democrática” como legitimación, que era el verdadero tema de interés –y causa de temor– para el noble Alexis, es un problema más complicado de tratar y que no viene al caso hacerlo aquí. Baste decir que esa “igualación democrática”, con la mutación metafísica (Houellebecq dixit) que implicaba en la visión del mundo, se concretiza en las sociedades de mercado en una forma igualitaria de apropiación contractual para todos (no de igualdad de contenido en lo logrado en el intercambio), y, en este sentido, la igualdad “burguesa” o “liberal” es de izquierda en el origen y no en las consecuencias, mientras que en las sociedades planificadas los criterios “meritocráticos” (e incluso los “tecnocráticos”) se encuentran personalizados, y privan desigual y arbitrariamente de la propiedad (de la estabilidad en la posesión que implica) a quienes en ella viven, con lo cual dichas sociedades son desiguales en el trato a individuos considerados a su vez desiguales con independencia de su contribución a la sociedad, y en este sentido, y sólo en este sentido, los socialistas suelen ser con sus súbditos más derechistas de lo que ellos imaginan (Sartori llama la atención sobre esta curiosa paradoja), claro que en una forma artificial, impidiéndoles relacionarse económicamente por fuera del Estado (ya que estos sujetos atomizados siguen siendo peligrosos actores económicos individuales si pueden regenerar un mercado), puesto que sus fines son a su vez izquierdistas.



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