martes, 30 de abril de 2013

Populismo K a prueba de tontos

(Este post lo publiqué en el blog Argenlibre y se perdió junto con el resto de los artículos cuando fue censurado. Por ende, todas las referencias temporales se encuentran atrasadas.) 


Insomne, hoy esbocé algunas respuestas a las "mejores" reflexiones finales del Manual del militante pasivo K que mostró Lanata ayer. Las demás referencias se refutan tan fácilmente solitas que supongo –¡espero!– no sea necesario aclararle el por qué a nadie. Sobre el resto del texto entero, en fin: es una suma de idioteces dichas sin pudor, y algunas cosas son reiteraciones deformadas de viejas falacias socialistas del tipo: "no podemos esperar que todos tengan automóviles en forma privada, bajando su acceso progresivamente de las élites a las masas, así que hay que proveer de bicicletas populares igualitariamente hasta llegar a los autos", etc. ¡Que otro pierda su tiempo! Concentrémonos en lo poco que queda.

Veamos:

5) Si todo lo hacen para coimear, ¿por qué no trabajan para las corporaciones y los ricos? ¿O las corporaciones en Argentina son cuáqueros que rechazan coimear?

Antes de pagar una coima hay que tener dinero, y para hacerlo hay que producir. Las corporaciones[1] no se hacen ricas por pagar coimas, mientras que los gobernantes sí se hacen ricos por recibirlas.
Sólo los políticos gestionan el verdadero poder y cobran peajes para hacer excepciones a quienes pueden pagarlos. Por eso cuando los gobernantes disponen de la suma de todo el poder gracias al estatismo, tienen más posibilidades de hacerse ricos directamente mediante la exacción impositiva arbitraria y/o su uso discrecional, y no tienen que "rebajarse" haciendo favores a gente que tiene menos poder (mafias) o ningún poder (empresarios) pero que tienen más recursos a su alcance. En pocas palabras: el populismo posibilita que cada fracción del Estado use el poder de este colectivamente para obtener ingresos fiscales fuera del control de quienes los pagan (de cuya voluntad obviamente no dependen: a diferencia de lo que sucede con las corporaciones, los contribuyentes no son consumidores libres, si acaso tienen la suerte de consumir lo que pagan). La dinámica genera una clase política de funcionarios que pueden enriquecerse de sus propias arcas.
Por eso las preguntas deben invertirse: si enriquecerse sólo pueden hacerlo las corporaciones ¿por qué no trabajan los kirchneristas para ellos? ¿Acaso los actuales gobernantes son cuáqueros que rechazan ser coimeados?

7) ¿Por qué la realidad del mercado mediático sólo generaba productos que rechazaban la visión política de un gobierno mayoritario? ¿No debería ser natural que gran parte de los medios represente esta mirada en tanto representa a la gente que la vota? ¿O acaso una mano invisible fuerza la falta de representación y la sobrerrepresentación de la oposición?

Otra vez, sólo hay que invertir las preguntas:
¿Por qué la visión de un gobierno mediático sólo genera productos que rechazan la realidad política reflejada en un mercado que depende de la mayoría? ¿No debería ser natural que este gobierno votado representara la mirada de gran parte de los medios en tanto estos representan a la gente que los elige? ¿O acaso la planificación estatal sobrerrepresenta la adhesión y fuerza a que la oposición falte en la representación?
La supuesta hegemonía mediática depende de la libertad de elección. Y, por primera vez, los electores se están equivocando menos al elegir las razones por las cuales hacen hegemónicos a los medios. Esperemos que sigan aprendiendo la lección de haber elegido tan mal en otras épocas: de haber escuchado lo que querían escuchar; de no haber pensado en el precio de hacer vivir a otros lo que no iban a querer vivir ellos, o sea, esto. Esperemos que se saquen el chip socialista de la cabeza de una buena vez. Porque, al fin y al cabo, la idea (propia de un proyecto de sociedad cerrada) de que las ideas expresadas en el total de los medios de comunicación deben porcentualmente reflejar las ideas en la población que es su público, presupone sujetos igualmente cerradas que, con independencia de la calidad del periodismo, quieren encontrar en la comunicación de masas una repetidora de sus opiniones presentes. Y no sólo eso: como si fuera poco, esta idea contradice el supuesto espíritu de la "Ley de medios", según el cual se intenta dar mayor espacio a medios que no tienen el público suficiente porque no serían conocidos, o sea: que el público pueda así descubrir medios que piensan distinto al pueblo y escucharlos a pesar de esto.[2]

8) Las dictaduras pegan, someten, silencian, matan. Si los K desean (pero no consiguen) pegar, someter, silenciar, matar, habrá que acusarlos de incompetentes, no de dictadores. ¿Cómo puede ser que, con tanto poder y tanta Kaja, no logran concretar estos objetivos?

La respuesta a una pregunta estúpida es la obviedad: ¡precisamente porque tienen tanto poder y tanta Kaja es que no necesitan pegar, someter, silenciar y matar! Cuando la Kaja se agota, ahí se somete; si no se adhiere al sometimiento entonces se silencia; si el silencio se quiebra entonces se pega; si no basta pegar entonces se mata.
Nosotros idolatramos a Venezuela, Venezuela idolatra a Cuba, Cuba idolatra a Corea del Norte. Nos decimos democráticos porque (supuestamente) no pegamos, (supuestamente) no sometemos, (todavía) no silenciamos, (todavía) no matamos. Y, sin embargo, idolatramos a los que dicen que la democracia consiste en el poder de pegar, someter, silenciar y matar a los que no serían parte del pueblo. Pero no los llamamos dictadores. Los llamamos revolucionarios (y dicho sea de paso, lo son, precisamente porque reorganizan dictatorialmente la sociedad).[3] A los únicos que llamamos dictadores, en cambio, es a los honestos; a los que por eso mismo no pueden justificar pegar, someter, silenciar y matar tanto y a tantos.





[1] Recuérdese que en el ámbito mercantil, y específicamente en Argentina, la palabra "corporación", que tan siniestra suena, no se refiere a otra cosa que lo que comúnmente se conoce como "sociedad anónima" (en contraposición a "sociedades de responsabilidad limitada", "sociedades cooperativas", etc.). Página/12 es una corporación, por ejemplo. Estas "corporations" de negocios, suelen ser conceptualmente confundidas con las corporaciones medievales, que son agrupaciones de gremios dispares o con intereses contrapuestos creadas para lograr aunarse por un interés común, política que sólo en referencia a un orden social basado en las mismas puede correctamente describirse con el uso de la palabra "corporativismo", idea que el fascismo intentó recrear mediante el Estado; que Perón repitió a medias calcándolo del modelo nazi, y que el propio kirchnerismo elogió como forma sindicalizada de conciliación de clases.
En todas las organizaciones, así como dentro de las mismas, se pueden dar situaciones de mutua protección dentro de un mismo cuerpo, que podría denominarse "corporativa". Ahora bien, si la lucha es contra ese corporativismo, entonces es una vil mentira: toda la política nacional del gobierno kirchnerista es declaradamente corporativa, incluso cuando de hecho este corporativismo no se establece como una política de Estado de igual acceso, y resulta en acuerdos mutuos de grupos de interés contra otros, lo cual deviene en conflicto. Por otra parte, si cuando hablamos de corporativismo nos referimos confusamente a las "sociedades anónimas", a las "corporations" como son referidas en el mundo angloparlante, entonces significa que la política kirchnerista contra las corporaciones es una política contra todas las sociedades por acciones, o sea, contra prácticamente más de la mitad de las empresas privadas de este país. En menos palabras, si este gobierno es fiel a su izquierdismo, y se declara enemigo de las corporaciones en el sentido usado en el pésimo documental propagandístico socialista The Corporation, entonces gobierno es enemigo de casi todas las instituciones económicas de su propio país. De hecho, y a mi parecer, lo es, pero entonces aclaremos los tantos a todos, a los votantes y a los futuros inversores. 
¡Y que no me venga un marxista con la falacia de que un Estado por adoptar un sistema de derecho y posibilitar la existencia de propiedad privada, está por eso al servicio de la misma, de quienes la utilizan o de ese mismo sistema! Salvo, claro, que tramposamente se entienda aceptar la existencia de algo como jugar a favor de la misma. Reducir al absurdo esta falacia nos sirve para demostrar lo contrario: ni el capitalismo de la NEP tenía como fin salvar al capitalismo (sino al socialismo), ni posibilitar la existencia de alquileres implica que la ley juegue desigualmente en favor de los propietarios y no de los inquilinos (lo que sería tan tonto como afirmar lo contrario: que permitir el derecho al uso de una propiedad ajena, o sea, el derecho a la existencia de un inquilino, implica favorecer a los inquilinos y permitir las ocupaciones). Y es que, obviamente, confundir permitir la existencia de una institución con favorecerla (cosa que sólo puede suceder a posteriori de permitirla) es la mejor excusa para negar la posibilidad de que ésta esté siendo perjudicada, o bien la mejor premisa para promover directamente su aniquilación en nombre de la imparcialidad de la justicia.


[2] Cabe mencionar que esta idea no sería tan mala si no fuera porque se parte del prejuicio de que la voz disidente no podrá ser descubierta en el mercado, con lo cual un giro en la demanda por medios de comunicación "distintos" no se promueve publicitariamente para que se gane su propio espacio conquistando al público (o sea, lo que en un lenguaje que odian se podría traducir como "hacerse un mercado") sino subsidiando la ocupación de ese espacio a costa de la elección del público existente, sin siquiera persuadirlo previamente. 
El precio que se paga por este intento artificial de que se conozcan "voces" supuestamente "diferentes" es, o bien el fracaso de obligar al público a pagar vía impuestos medios de comunicación que no elige mientras que una parte de la demanda se quedará insatisfecha, o bien el "éxito" de forzar a ese público a ver lo que no desea. En todo ideario socialista, lo que parece una combate contra la oferta de las empresas, implica en realidad el autoritarismo sobre la demanda de los consumidores de los cuales aquellas dependen.
Y como se ve, incluso este intento de forzar el pluralismo de voces presupone que la gente sólo desea escuchar sus propias opiniones, y que entonces deberá ser obligada a elegir lo que no desea elegir para probar el sabor de opiniones distintas. Este autoritarismo altruista y pluralizador no hace más que encubrir  –o, si somos generosos, podemos decir que, dada la discrecionalidad ideológica con la que el kirchnerismo seleccionará las voces de entre este pluralismo olvidado, este dirigismo deriva en– un autoritarismo oficialista, egoísta y unificador del pensamiento. 


[3] Una reflexión final sobre el sentido común "hegemónico" y la supuesta "contrahegemonía" con recursos gubernamentales. En otra época los marxistas-leninistas intentaban cambiar un sentido común capitalista, que se formaba espontáneamente en los individuos por vivir dentro de la sociedad burguesa, por un sentido común nuevo, socialista, que sin embargo no lograban nunca se formara espontáneamente dentro de la sociedad proletaria y por lo cual debían planificarlo y asistirlo permanentemente.
Las empresas privadas de medios de comunicación, si no reciben subsidios o protecciones, compiten para adaptarse al estado de ánimo imperante. Si intentan modificarlo, que pueden hacerlo, se arriesgan a afrontar pérdidas y por otra parte hacen evidente la disidencia. El mercado conspira contra los intereses comunes de las clases que genera, e incluso mercantiliza, o sea, amplifica, las ideas dirigidas contra su propia existencia. Los medios privados (si no tienen algún tipo de auspicio estatal para afrontar los costos, insisto) no se pueden dar el lujo político de intentar crear una hegemonía ideológica que requiere sincronicidad, así que sólo se las puede acusar de retroalimentar una tendencia que ya existe en el público. Las empresas públicas de medios son otra  historia, y si son parte de un gobierno que quiere crear otra sociedad, pueden hacer dicho adoctrinamiento del sentido común, incluso, como en este caso, con la ayuda de militantes que son más papistas que el papa. Pero como las sociedades que crean, las culturas que generan los revolucionarios sociales no son ni autosustentables ni tienen capacidad de autorreproducción: son absolutamente políticas y dependen de la infusión exógena de ideas por parte de un movimiento o un partido enquistado en el Estado. Este manual es un ejemplo patético.

miércoles, 24 de abril de 2013

El periodismo como libertad individual

(Este post lo publiqué en el blog Argenlibre y se perdió junto con el resto de los artículos cuando fue censurado.) 



¿El periodismo debería tender a la objetividad? Hemos escuchado esta pregunta miles de veces, de parte de ideologías de todo color, como argumento a favor o en contra tanto de la prensa privada como de la prensa gubernamental. La mayoría intenta contestar a la pregunta de muchas formas diferentes, a veces incluso algunos lo hacen objetándola desde la “politización de lo objetivo”. Sin embargo, sólo una minúscula minoría contesta a esta pregunta con otra. La pregunta que yo hago es muy simple: ¿por qué el periodismo debería tender a algo?

Es cierto que no es una pregunta muy nueva, pero sí es una pregunta olvidada. Muchos se sorprenden sólo de hacerla porque no han reparado en la cuestión. Otros tantos se ofenden porque pretenden que se presuma que el periodismo es un servicio –particularmente público, ya que no se habla de periodistas sino del “periodismo”. Creo que es ésta la cuestión clave que debemos encarar antes de discutir cualquier otra cosa: ¿es el periodismo un servicio? Ciertamente no debe ser un servicio público si el periodismo del que se habla no exige del público exacciones impositivas, esto es, si se maneja con su propio dinero. Y aquí, antes que nada, hablaremos de la prensa privada, cuyos propietarios últimamente se han convertido en sospechosos por tener sus motivaciones unos “intereses” de un supuesto “carácter diferente” a los demás intereses privados del resto de los que integran la población de un país. Esta acusación de cierto sector populista de la clase política no tiene ningún sentido: a menos que los propietarios de medios pertenezcan a una clase distinta por la cual perjudiquen intrínsecamente los oficios del resto, y a menos que, a su vez, hagan una bandera de esta malévola función social por encima de cualquier otra forma de obtener recursos, entonces sus intereses son tan opuestos a los del resto como podrían serlo los de los panaderos y los verduleros.[1]

¿Es acaso el periodismo un servicio para el cliente que lo acepta? Tampoco lo es. No hay ningún contrato entre el consumidor y el productor del contenido periodístico, como no lo hay entre el consumidor y el creador de un libro o de una película. Ni escritores de libros, ni periodistas, ni directores de cine, le deben nada a nadie. No les han pagado previamente para hacer nada. Lo hacen, lo ofrecen y lo venden. Cada peso ofrecido por un diario cualquiera se intercambia por el ejemplar de hoy, no por el de mañana.

Siendo las cosas así ¿por qué el periodista debería “tender a algo”? Creo que la pregunta a esta altura debería contestarse sola. Mi respuesta es una suposición acerca de por qué nos hacemos esta pregunta, y creo que nos hacemos esta pregunta porque suponemos que el trabajo del periodista es un medio para nuestros fines, y no un fin para él mismo. Nadie se pregunta si, por ejemplo, la indumentaria, la arquitectura o la informática deberían tender a la calidad, al buen gusto o a la belleza. Se puede decir, por supuesto, que preferiríamos que tal o cual moda fuera de una u otra forma, pero nadie que presuma de “demócrata” reclamaría una ley para obligar a los diseñadores a fabricar tal o cual tipo de ropa, o para proteger al consumidor de la ropa de mala calidad o fea si éste la prefiere así por un bajo precio. Pero parece que la democracia deja de tratarse de libertad política y pasa a ser una cuestión de poder político justo cuando se habla de periodismo.

Como en los casos anteriores, será la elección del consumidor elegir si quiere pagar por tal o cual información dependiendo de cualesquiera criterios éste elija. Ni el periodista puede ser libre si es obligado compulsivamente y en forma previa a cumplir con un canon cualquiera para ejercer su profesión, ni tampoco será libre el consumidor de tener la última palabra sobre el canon que elegirá aceptar a cambio de su dinero.

Ahora bien, si los motivos del periodista competen a él y a nadie más porque se trata de su trabajo y esfuerzo, tampoco debemos preguntarnos a quién este se asocia o para quién trabaja, ya que en tal caso se trata del mismo problema de recursos: es la libertad de empresa la que subyace a la libertad del periodismo. Si para decir algo un periodista utiliza el medio de comunicación creado por otro, no puede exigir decir lo que se le antoje sin obligar al productor de dicho medio a no ser libre de usar su capital como quiera. Y aquí la libertad es bilateral, ya que tampoco puede el propietario de medios pretender que todos los periodistas estén dispuestos a aceptar trabajar para su empresa bajo cualquier condición. El periodista puede privar de sus palabras al editor si éste no opina como él, así como el consumidor puede privar a ambos si decide que no le ofrecen lo que quiere.

Hasta aquí no estoy si no retraduciendo para la libertad periodística lo que Milton Friedman afirmara respecto de la “responsabilidad social” para la libertad de empresa en general.[2] Arturo Jauretche, sin mucha originalidad, repetía el mantra anticapitalista diciendo: "No existe la libertad de prensa, tan sólo es una máscara de la libertad de empresa". La obvia respuesta randiana es que "no hay contradicción: la única libertad de prensa legítima y realmente independiente es la libertad de empresa". Si una empresa periodística da más o menos libertad dentro de su empresa, es su decisión o bien es una necesidad (para retener a un periodista valioso, por ejemplo) pero no tiene la obligación de hacerlo: no tiene la obligación de financiar en su propio medio de comunicación una opinión que no comparte. Si acaso con su opinión conquista un mercado más reducido, son sus recursos los que se pierden, y acaso podrá sacrificar la divulgación de su opinión si quiere priorizar sus ingresos por sobre sus creencias. Si no lo hace y el público elige más la opinión de los periodistas que expulse, entonces esa opinión será adoptada por otra empresa, creada por un empresario competidor o bien por esos mismos periodistas devenidos en empresarios, y perderá dinero que otro recibirá del público, un público tan libre como de él de comprarle a quien quiera. Pero en cualquier caso hará lo que desee con su propiedad y pagará los costos si sus clientes no quieren consumir lo que su capital publica. En esto no puedo menos que estar de acuerdo con el “neo” liberalismo clásico: si vamos a aceptar el ideario moderno del contrato social en nombre de la igualdad, pues, sólo hay igualdad de libres contratantes si los iguales derechos “democráticos” se refieren a igual dominio sobre los espacios legitimados de libertad (y eso son, o deberían ser, nuestros derechos de propiedad, por desiguales que sean sus resultados sociales) y no a perder ese dominio para conseguir iguales espacios (derechos a beneficios iguales).[3]

 La cuestión es ahora, partiendo de la premisa de que el periodismo no es una obligación social sino una elección individual, si acaso el periodista tanto como quien consume su trabajo, pueden pretender, respectivamente, alcanzar o esperar objetividad.
Mi opinión es, aquí, muy particular: creo, primero, que interpretar los hechos es hacer teoría que no está dada en los hechos mismos. En segundo lugar creo que incluso estos hechos son un segmento recortado de la realidad, y al cual se le da significado, desde un marco interpretativo, esto es, teórico, “ideológico” si se quiere. Por tanto no puede existir objetividad en ninguna cosa.
Sin embargo sí podemos hablar de “objetividad” en un sentido distinto. No podemos pretender que el periodista interprete tales o cuales hechos de la misma forma que con quienes se comunica, pero sin embargo sí podemos esperar que seleccione dichos hechos de una forma muy similar. Si habla “el mismo idioma” interpretativo que sus receptores, entonces podrá presumir que éstos podrán entender lo mismo que él cuando afirme que sucedió tal o cual cosa, si bien se pueda diferir en los por qué. Si como periodista sé que por “violencia” entiendo lo mismo que mis lectores, puedo ser “objetivo” para éstos si describo un hecho que cumpla con los requisitos conceptuales compartidos, mientras que mentiría a los mismos si utilizo otra palabra.
Haciendo esta salvedad, estoy de acuerdo con Javier Darío Restrepo cuando dijo, casi parafraseando a Heráclito, que la objetividad periodística es “una pretensión tan desmedida como la de aprisionar el reflejo de las aguas de un río, que en un instante son, y en el siguiente dejan de serlo”. Pero considero que se equivoca al afirmar que, sin embargo, esa objetividad “es la garantía que el lector busca para poder creer”. Eso dependerá del lector. No hay un único público de la misma forma que no hay un único periodismo, así que la búsqueda de una garantía, que nadie podrá ofrecerle, correrá por su cuenta.
Es él quien paga con su dinero y debe poder elegir a su gusto.


[1] Si se roban mutuamente se opondrán, y sino no. Ni ser empresario ni ser siquiera un “empresario monopólico” es suficiente razón para presumir que las fuentes de ingreso del “interesado” no tienden a depender cooperativamente de los ingresos e “intereses” de los demás (excepto precisamente si el monopolio es estatal o en colaboración con éste, ya que las burocracias políticas no necesitan cooperar de ninguna forma para obtener sus ingresos). A su vez la presunción de que el interés empresario desea promover una ideología nociva para el resto de los intereses de una sociedad tampoco podría tomarse en serio por una razón de utilidad individual contra el bien común de su “clase”: precisamente es la naturaleza común de los intereses individuales “burgueses” no poder velar individualmente por esa causa común de la que dependen. Para poder lograr el empresario semejante acción colectiva, las fuentes de ingreso de su negocio deberían estar, en su escala de intereses, por encima de los ingresos de los que depende (o sea, sin importarle la huída de su clientela) como para que, en lugar de divulgar aquello que se supone el público podría querer escuchar, tienda a difundir en su lugar una ideología impopular –sea crea en ella o no– que de realizarse, según los anticapitalistas, perjudicaría a dicho público.
Los empresarios no suelen tener intereses públicos y sí privados, ya que para verlos realizados deberían poder obtener lo que desean a través del poder estatal a cambio de nada, mientras que sus beneficios capitalistas requieren de intercambiar la utilidad social de sus propias empresas. Convertir su liderazgo económico en político les posibilitaría no sólo liberarse de la necesidad de acrecentar medios de subsistencia que dependen de la producción de bienes de consumo, sino además expandir sus intereses a la planificación de la sociedad que desearan y su posición en la misma, lo cual quitaría toda utilidad a la defensa de una existencia mercantil. Son pocos los grupos económicos que pueden conseguir la organización política suficiente para lograr involucrarse en proyectos sociales a gran escala, y muchos de los que lo logran (como los desarrollistas del Grupo Clarín) saben que no funciona matar la gallina de los huevos de oro que es la libre empresa a la que le deben su nacimiento.
[2] Milton Friedman, "The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits", The New York Times Magazine, September 13, 1970.
[3] Si se habla de “democratizar” equis cosa, antes hay que aclarar qué entendemos por “democrático”, y para esto sólo hay, esencialmente, tres opciones:
1) igualdad de derechos individuales a lo propio e intercambiado;
2) igualdad de derechos “sociales” a una cantidad de bienes que deben ser provistos por el Estado;
3) igualdad para hacer una suma de opiniones de la que se sacará la mayormente repetida para decidir lo que un monopolio estatal de uso de la violencia hará o permitiría hacer a todos (que incluye escoger entre las opciones 1 y 2).
No tiene sentido hablar de “extender” la democracia política a “lo social”, “lo económico”, “lo mediático”, ya que éstas son todas cosas inseparables. Si el Estado adopta, por voluntad mayoritaria constituyente, entender la democracia en el sentido 1 o el 2 (o en combinaciones de ambos), entonces el acceso igualitario al poder será democrático en el sentido de que sirve para garantizar que el Estado se limite a establecer un sistema de derechos económicos, sociales, políticos del tipo 1 o 2 (o sea, que haya democracia social, económica, etc. en el sentido 1 y 2), y cualquier otra cosa será una violación al tipo de igualdad de derechos. Si la Constitución elegida entiende la democracia en el sentido 3, entonces también ya habrá “democracia” en lo social y económico siendo que el Estado aplicará la voluntad de la primera minoría o de la mayoría para hacer con la sociedad y con la economía lo que a ésta se le antoje.
Es un error grueso confundir la “igualdad” en el sentido de “un hombre, un voto” como método de toma de decisiones igualitaria, con una decisión igualitaria. Si la democracia se define por el establecimiento político de algún tipo de igualdad (sea la 1 como “un hombre, una propiedad”, o la 2 como “un hombre, una cantidad de bienes”), entonces el criterio de “un hombre, un voto” debe limitarse a la elección de un orden de derechos (cuando se trata de la Constitución) o de las medidas para que éstos se efectivicen (cuando se trata de la elección de las políticas públicas), y no a la organización de la sociedad o de algún sector de la misma.
Si lo que se quiere es esto último, o sea, la opción 3, debe aclararse que el resultado de manejar la sociedad o la economía mediante “un hombre, un voto”, será un desigual reparto de derechos por mucho que a la hora de haber votado se haya tenido igualdad de acceso (“mob rule”, como tenemos en Argentina). Pero si se pretende que la democracia en el sentido 2 es la debida aplicación del sistema de elección democrática de una política a toda la sociedad o a toda la economía, lo que se hace es mentir: la igualdad del voto se aplica sobre el gobierno porque el gobierno no es lo mismo que la población que vota. El voto es imposible de aplicar sobre la misma población votante, y por eso se elige al órgano que tiene el monopolio de la violencia para asegurar que la población se amolde a lo que esta misma eligió.
La democratización de los medios de comunicación en el sentido 2 es sólo en apariencia parecida a la aplicación de un sistema electoral por la igualdad en la participación (además de imposible de aplicar y ejercer en libertad si no hay un medio de comunicación por cada persona), y es exactamente lo contrario de la democratización en el sentido 1, que ya existe para la prensa, y que es lo que asegura que, si intentamos poner un medio de comunicación, éste será nuestra voz y de nadie más, y que será nuestra responsabilidad que crezca con los “votos” de los clientes, o sea, con su dinero, que éstos podrán disponer como uno de sus derechos individuales (o sea, derechos del tipo 1). Si los derechos “sociales” del tipo 2 se aplicaran realmente en su totalidad, no serviría de nada darle dinero a un medio de comunicación, ya que éste estaría sometido a la participación igualitaria de los recursos de toda la sociedad y, con bienes no divisibles, dicho medio quedaría en manos de un promedio que no satisface a nadie, o de lo que el Estado considerara debe de ser ese promedio (el beneficiario inevitable de los “derechos positivos” cuando se trata de recursos indivisibles, como fábricas, empresas de servicios, imprentas y canales de televisión; excluyendo a esos sub-estados que se han vuelto los sindicatos)