miércoles, 28 de mayo de 2014

Salvar al multipartidismo de los opositores, y otras paradojas de la represión antifascista en Venezuela



No es novedad que una elección puede ser a la vez libre y democrática pero llevar al poder a un régimen político despótico. Lo que es más difícil de entender es que dicho gobierno pueda seguir siendo electoralmente democrático y al mismo tiempo violar no sólo las libertades civiles (que dependen de las económicas), sino también las libertades políticas (que dependen de las otras dos). Veamos: un gobierno puede tener el apoyo de la mitad más uno (o de la primer minoría), que ese apoyo se compruebe realmente en las elecciones, y ser a la vez políticamente represivo. Aun perseguidos, incluso estando cada vez más censurados e incomunicados, los partidos políticos de oposición pueden ser igualmente elegidos. O sea, que el poder político puede decir: “si pierden, que se jodan, el pueblo no los votó”, y seguir justificando la persecución política en nombre de la voluntad popular que eligió al gobierno autoritario. Ahora bien, la pregunta ya no es sólamente si dicha elección tiene legitimidad como para que la minoría electoral acepte el contrato social. La pregunta es si acaso puede existir democracia en tales condiciones.  

Lo que Chávez hizo y Maduro repite, fue lo mismo que hizo Hitler antes del 19 de Agosto de 1934. Aunque en el caso de Venezuela habría que tener en cuenta, además, que probablemente haya que agregar como factor al fraude electoral.
La única diferencia es que Hitler suprimió luego los partidos opositores a pesar del poco apoyo que tenían, mientras que Maduro los preserva a pesar del apoyo que reciben de, por lo menos, la mitad de la población. ¿Por qué lo hace? Porque de esta forma el neopopulismo de izquierda, reciclado del marxismo latinoamericano, logra mantener internacionalmente con más facilidad aquella complicidad que ya tenían los comunistas rusos y chinos de parte de los intelectuales y los medios de comunicación progresistas. Pero esta vez, tras una bizarra fachada de electoralismo, la beneficiaria es una dictadura que se sostiene probando la existencia de apoyo popular (o no tanto, si se considera que hubo fraude) como si fuera una democracia.

¿Y por qué digo que a pesar de tener apoyo popular no es una democracia? No porque no se tenga casi libertades civiles y económicas frente a un gobierno socialista, ya que ser expropiados, dirigidos y reclutados por el Estado puede ser algo popularmente elegido a cambio de una garantía de "beneficios sociales" o por el fanatismo de participar en un "experimento social" o por el miedo de las gallinas de la igual libertad para supuestos zorros.
No. La de Venezuela no es una democracia por el simple hecho de que el pueblo no gobierna, ni siquiera indirectamente, si no puede elegir libremente entre opciones políticas que a su vez este mismo genere.
Sin libertad de expresión y hasta con coerción para expresarse de cierta forma, en Venezuela todos son chavistas bajo amenaza so pena de convertirse en "fascistas", especialmente si son empleados públicos. Y recordemos que el socialismo es el proyecto de convertir a todos en empleados públicos. Luego es imposible que el partido político en el poder encuentre en la sociedad civil el freno para la realización de cualquier fraude, ni que los votantes encuentren otra información que la gubernamental, ni otras opciones disidentes que las que éste permite.

El neopopulismo de izquierda ha creado un totalitarismo bizarro de partido único al estilo leninista, pero cuya legitimación ya no depende del clasismo de la sociología política marxista, sino de los principios de la democracia burguesa, liberal y multipartidaria. Este nuevo bolchevismo se parece todavía más al jacobinismo: se legitima a un gobierno sedicioso de izquierda que acapara en su ideología la representación del pueblo, paradójicamente, mediante la metodología poliárquica de la democracia liberal. Así, con más cinismo que nunca, los nuevos socialistas pueden simular que les preocupa la legitimidad de la democracia liberal como medio de elección de los gobiernos, y que a la vez deben proteger dicho sistema de todo liberalismo social y económico (como si una cosa pudiera separarse de la otra). Bajo esta nueva cruzada democrático-electoralista, en Venezuela todos los que no militan para el régimen del PSUV pueden ser acusados, por ese mismo régimen, discrecionalmente, de querer implantar un totalitarismo que desapareció en Italia hace casi un siglo (y censurados por ello), mientras abiertamente éste reconoce querer imitar, y si es posible alcanzar, la perfección de un totalitarismo, que fuera modelo para aquél, que dominó medio planeta hasta hace sólo unas décadas, y que todavía hoy existe tanto en Cuba como en Corea del Norte.

Y si acaso el antifascismo no es la justificación (no muy innovadora si pensamos en la geopolítica ideológica soviética), se acude a otra: la lucha contra el “golpismo”, o sea, a la lucha contra el último recurso que le queda, frente a un gobierno totalitario, a los miembros de una mayoría de sustraerse al adoctrinamiento oficial, arrepentirse y pasarse a la opinión de la minoría (haciéndola mayoría) sin ser perseguidos. Y obviamente es el último recurso que le queda a la minoría para poder tener los mismos derechos con independencia de su opinión política.
Acusar a cualquier golpismo de autoritario implica suponer que el derrocamiento de un gobierno electo significara la destrucción de la libertad electoral, mientras que la realidad es exactamente a la inversa allí donde el gobierno electo persigue a los opositores: es esta justificación de la censura antigolpista, la que priva al ciudadano de la libertad de elegir a partidos opositores por miedo a ser identificados como potenciales enemigos públicos incluso en el cuarto oscuro (que puede ser iluminado por un tipo de espionaje en tiempo real que únicamente la adulteración del voto electrónico posibilita), dejando así a la destitución violenta, la rebelión, la secesión, la revolución (desde dentro o desde fuera del Estado) como única posibilidad de reestablecer un sistema en el que se elija libremente al gobierno; sistema cuya precondición es que el mismo no pueda perseguir a los habitantes del Estado ni que el partido gobernante pueda decidir de acuerdo a sus ideologías quienes son amenazas a la democracia, y mucho menos censurarlos con esa excusa.

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